AFP retienen más de RD$8 mil millones de afiliados fallecidos

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Elías Báez, director general de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), denunció que las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ponen trabas para entregar a los herederos legítimos los recursos de los afiliados fallecidos, debido a los intereses que generan esos fondos mientras permanecen bajo su administración.

Según informó La Verdad, Báez explicó que los recursos superan los 8,000 millones de pesos, dinero que invertido en los bancos puede rendir cerca de un 9 % anual. “Las AFP ganan en función del volumen de fondos que administran; mientras más dinero retienen, más beneficios obtienen. Por eso no se apresuran a contactar a los familiares. Esa práctica es una irresponsabilidad”, afirmó el funcionario.

El titular de la DIDA también planteó que uno de los principales problemas es el diseño del formulario de afiliación a las AFP, que no contempla el registro obligatorio de contactos familiares. En sus palabras, esta omisión provoca que, en caso de fallecimiento o migración, los allegados no sepan de la existencia de los fondos. En ese sentido, instó a la Superintendencia de Pensiones (SIPEN) a ordenar la modificación inmediata de dicho documento.

La institución que dirige Báez ha reforzado su llamado a familiares de afiliados fallecidos o mayores de 60 años a acercarse a la DIDA para recibir orientación sobre los trámites de retiro de fondos. Como resultado de esta campaña, ya han recibido más de 20 mil llamadas, logrando identificar alrededor de 500 millones de pesos disponibles para reclamación.

Anteriormente, la DIDA había detectado más de 100 millones pertenecientes a 10,853 familiares de fallecidos, además de unas 117 mil cuentas de afiliados ya fallecidos con un acumulado superior a los 8 mil millones de pesos que aún permanecen en las AFP.

Las declaraciones de Báez se produjeron en el marco de la 20.ª Reunión Regional Americana de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), celebrada en Punta Cana, donde ministros y delegados de 24 países analizaron los desafíos de los sistemas laborales y de seguridad social en la región.

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