El Ministerio del Interior de Rusia volvió a colocar en su lista de personas buscadas al político opositor Vladímir Kara-Murzá, liberado en agosto de 2024 tras un histórico intercambio de prisioneros con varias potencias occidentales. La medida ha generado nuevas tensiones diplomáticas y reavivado el debate sobre la represión del disenso político en el país.
Según informó la agencia EFE, Kara-Murzá, de 44 años, había sido condenado en abril de 2023 a 25 años de prisión por cargos de traición, participación en una organización “indeseada” y por difundir supuestas falsedades sobre el Ejército ruso. Su liberación formó parte del mayor canje de presos entre Rusia y Occidente desde el fin de la Guerra Fría, en el que participaron países como Estados Unidos y Alemania.
En ese intercambio, Moscú liberó a 16 detenidos, entre ellos varios activistas opositores, dos estadounidenses acusados de espionaje y dos ciudadanos alemanes. A cambio, los países occidentales excarcelaron a cinco rusos, incluidos dos “hackers” y un exagente de inteligencia condenado a cadena perpetua en Alemania por asesinato.
Kara-Murzá es el segundo opositor liberado en ese acuerdo que vuelve a ser objeto de persecución judicial. En diciembre pasado, Iliá Yashin, otro destacado dirigente crítico con el Kremlin, también fue incluido en la lista de buscados tras haber sido parte del mismo intercambio. En su momento, Yashin advirtió que la medida buscaba asegurar su detención inmediata en caso de intentar regresar a Rusia.
Analistas consideran que esta nueva orden de búsqueda contra Kara-Murzá es un mensaje político de Moscú hacia los disidentes que operan desde el exilio. La acción coincide con un endurecimiento del discurso oficial frente a los opositores y con la aprobación de leyes más restrictivas sobre libertad de expresión y contactos con el extranjero.
Fuentes diplomáticas europeas han expresado preocupación por lo que califican como una “criminalización del pensamiento crítico” en Rusia. Kara-Murzá, por su parte, ha declarado públicamente que no renunciará a su labor de denuncia de los abusos del régimen, aunque reconoce que su retorno al país sería una “sentencia segura”.
El caso reaviva la tensión entre Moscú y Occidente y confirma que, a pesar de los intercambios de presos, la fractura política entre ambos bloques sigue tan profunda como en los años más duros de la Guerra Fría.
