El Gobierno dominicano reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia en América Latina al expresar un apoyo rotundo al pueblo guatemalteco y al presidente Bernardo Arévalo, elegido legítimamente en los comicios de agosto de 2023. La posición del país caribeño se enmarca en su línea diplomática de respeto a la soberanía popular y rechazo a cualquier intento de ruptura del orden constitucional en la región.
Según el comunicado oficial difundido por la Cancillería dominicana durante una sesión del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, advirtió que los esfuerzos por invalidar los resultados electorales mediante maniobras judiciales “de dudosa legitimidad” representan una violación directa de la voluntad del pueblo guatemalteco y de los principios establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
El canciller recordó las palabras del presidente Luis Abinader, quien ha insistido en que la legitimidad de los gobiernos democráticos solo puede emanar del voto libre. En ese sentido, Álvarez fue claro al afirmar que la República Dominicana no reconocería a ninguna autoridad que surja de una ruptura del orden constitucional, reiterando el compromiso histórico del país con los valores democráticos del hemisferio.
Durante su intervención, el jefe de la diplomacia dominicana exhortó a los Estados miembros de la OEA a mantenerse vigilantes y a utilizar los mecanismos previstos en los instrumentos regionales para defender la institucionalidad democrática. “La indiferencia dijo solo alimenta la erosión de la democracia en nuestras naciones. Es momento de actuar con responsabilidad hemisférica.”
Acompañado del viceministro de Política Exterior Multilateral, Rubén Silié, y de los asesores Anselmo Muñiz y Jatzel Román, Álvarez reafirmó que la República Dominicana continuará apoyando todos los esfuerzos diplomáticos que fortalezcan la estabilidad democrática en Guatemala y en el resto del continente.
Con esta posición, el país vuelve a colocarse entre las voces más firmes en defensa del orden constitucional y la legitimidad electoral en América Latina, ratificando su papel como aliado de los procesos democráticos y del respeto a la soberanía de los pueblos.
