El Gobierno español destinará 260 millones de euros del presupuesto estatal prorrogado para 2025 con el objetivo de ampliar la oferta de viviendas en régimen de alquiler asequible y social. La medida busca reforzar el acceso a la vivienda en un contexto de encarecimiento sostenido del mercado y creciente demanda en las principales zonas urbanas del país.
Según la agencia EFE, los fondos serán transferidos a lo largo del año por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en cumplimiento de la tercera adenda al convenio firmado con la entidad pública Sepes, responsable de la gestión de suelo estatal. Este acuerdo, originalmente suscrito en 2022, establece un marco de cooperación entre el ministerio y Sepes para promover proyectos de vivienda con apoyo de administraciones locales y, cuando sea necesario, de la iniciativa privada.
La financiación cubrirá desde el valor de los terrenos y las obras de urbanización hasta los costos asociados a proyectos, licencias, impuestos y gastos de gestión. En esencia, se trata de garantizar que los suelos públicos destinados a vivienda social se transformen en proyectos concretos que respondan a la necesidad urgente de alquileres más accesibles.
El convenio se ha venido reforzando año tras año: en 2023 se incorporó una primera aportación de 260 millones de euros, cantidad que se repitió en las adendas de 2024 y ahora en 2025. Este patrón refleja la continuidad del compromiso estatal, a pesar de la prórroga de los Presupuestos Generales desde 2023.
El reto principal, sin embargo, no está solo en la inversión, sino en la ejecución efectiva de los proyectos. Fuentes del sector inmobiliario advierten que la disponibilidad de suelo urbanizado y la agilidad en los trámites son factores decisivos para que estas iniciativas se traduzcan en viviendas reales y no en simples previsiones presupuestarias.
El Ministerio de Vivienda insiste en que estas acciones se enmarcan dentro de una estrategia más amplia para reequilibrar el mercado del alquiler, donde la brecha entre los ingresos medios y los precios sigue siendo uno de los mayores desafíos sociales del país.
