Durante los primeros diez meses de este año, las autoridades dominicanas han ejecutado más de cinco mil operativos de interdicción migratoria, en los que fueron repatriados 310,499 ciudadanos haitianos en situación irregular. Las acciones, desarrolladas a lo largo del territorio nacional, revelan la magnitud de un fenómeno que sigue marcando la agenda de seguridad y política social del país.
Según datos oficiales difundidos por la Dirección General de Migración (DGM), los operativos se apoyaron en la colaboración activa de los cuerpos de seguridad del Estado, reflejando una coordinación interinstitucional sin precedentes. El centro de procesamiento de Haina lideró los traslados con más de 103 mil personas, seguido de Dajabón, con 86,406; Elías Piña, con 54,499; y Jimaní, con 22,564. Otras zonas, como Santiago, La Romana y Pedernales, también registraron miles de casos.
La amplitud de las operaciones muestra el carácter nacional de la estrategia migratoria. En el Gran Santo Domingo fueron detenidos 49,020 extranjeros indocumentados, mientras que Santiago contabilizó 20,091 y La Altagracia, 16,883. Las provincias fronterizas continúan siendo puntos críticos, con Dajabón, Independencia y Elías Piña entre las más activas. Las cifras evidencian la presión constante sobre las zonas limítrofes y el esfuerzo del Estado por controlar los flujos que cruzan desde el vecino país.
Las autoridades migratorias han reiterado que su política se fundamenta en la prevención y el control, con el objetivo de frenar los flujos irregulares que podrían generar situaciones de inseguridad o tensar los servicios públicos. Al mismo tiempo, subrayan que los procedimientos se realizan con apego al respeto de los derechos humanos, especialmente en los casos que involucran a menores, mujeres embarazadas y grupos vulnerables.
La DGM sostiene que los avances logrados son fruto de la modernización institucional y la cooperación entre agencias del Estado. Además, se trabaja en el fortalecimiento de los mecanismos de retorno asistido y en la coordinación con organismos internacionales para garantizar procesos ordenados y humanitarios. El desafío migratorio, lejos de disminuir, continúa exigiendo políticas firmes y sostenibles que combinen control, legalidad y dignidad.
