Las fuerzas armadas de Estados Unidos ejecutaron un ataque mortal contra una embarcación sospechosa de traficar drogas en aguas internacionales del Pacífico oriental. La operación, dirigida desde el más alto nivel del gobierno, forma parte de una estrategia que combina la lucha antidrogas con acciones militares de respuesta inmediata.
Según la agencia EFE, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirmó que la ofensiva se realizó a la orden del presidente Donald Trump, y que el objetivo era una narcolancha presuntamente operada por una organización terrorista vinculada al tráfico internacional de estupefacientes. El ataque dejó dos personas muertas y ninguna baja entre las fuerzas estadounidenses.
Hegseth defendió la operación como una medida preventiva para frenar el flujo de drogas hacia territorio norteamericano. “Localizaremos y destruiremos todas las embarcaciones que intenten envenenar a nuestros ciudadanos. Proteger la patria es nuestra máxima prioridad”, declaró. El funcionario agregó que ningún integrante de los denominados “cárteles terroristas” podría resistir el poder militar de Estados Unidos.
El ataque se suma a una serie de acciones similares llevadas a cabo en los últimos meses tanto en el Caribe como en el Pacífico, dentro de una campaña que Washington presenta como parte de su doctrina del narco-terrorismo. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y juristas internacionales han cuestionado duramente estos operativos, alegando que constituyen ejecuciones extrajudiciales, ya que se ejecutan sin autorización judicial y fuera del marco del derecho internacional.
Desde agosto, Estados Unidos mantiene una presencia militar significativa frente a las costas de Venezuela, con buques de guerra, submarinos y aviones de combate desplegados bajo el argumento de combatir el narcotráfico. Estos bombardeos, según reportes locales y regionales, han provocado decenas de muertes y generado tensiones diplomáticas en la región.
Paralelamente, Washington ha reforzado sus acusaciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, al que responsabiliza de encabezar un supuesto cártel de drogas, sin aportar evidencias verificables. En esa misma línea, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció el aumento de la recompensa por información que conduzca a su captura, reavivando la presión política sobre Caracas.
En medio de esta ofensiva marítima, las críticas internacionales crecen ante la falta de transparencia y la aparente expansión de una política militarizada contra el narcotráfico que trasciende las fronteras estadounidenses.
