El país entra en una etapa decisiva en su ruta hacia un modelo productivo menos dependiente del carbono, con una apuesta que combina financiamiento internacional, innovación y una visión de largo plazo frente a los riesgos climáticos que ya se sienten en el territorio.
la nueva alianza entre el Ministerio de Ambiente, el Fondo Verde para el Clima y el Instituto Global para el Crecimiento Verde marca un movimiento estratégico para acelerar acciones de adaptación y fortalecer la capacidad institucional del Estado dominicano en materia climática.
La propuesta, respaldada con cuatro millones de dólares del mecanismo Readiness, coloca especial atención en reforzar estructuras públicas que aún muestran brechas para movilizar inversiones verdes a la escala necesaria. La iniciativa se enfoca en darle forma operativa a la Plataforma Nacional de Acción Climática, que será el punto de encuentro de políticas, datos y decisiones que orienten el rumbo ambiental del país en los próximos años. Expertos locales han insistido en que esta plataforma podría convertirse en el sistema más completo de planificación climática de la región si logra integrar a los sectores productivos con la consistencia que demanda el contexto actual.
La vulnerabilidad de República Dominicana vuelve a ser un tema central. Los registros más recientes de la Oficina Nacional de Meteorología y del Caribe Climate Outlook Forum mantienen la alerta sobre temporadas de huracanes más intensas y eventos de lluvia extrema con patrones difíciles de anticipar. Este comportamiento climático golpea de manera particular a comunidades rurales y a los hogares con menos recursos, que dependen mayormente de actividades agrícolas sensibles al clima.
El ministro Paíno Henríquez destacó que el convenio permitirá destrabar inversiones que no han fluido por falta de capacidades técnicas o instrumentos financieros adecuados. Su planteamiento coincide con análisis del Banco Interamericano de Desarrollo, que señala que los pequeños Estados insulares requieren marcos regulatorios más robustos para acceder a financiamiento verde con menores costos y mayor rapidez.
El proyecto también contempla cambios regulatorios clave, entre ellos el avance en normas para mercados de carbono y biodiversidad bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París. Esto podría abrir oportunidades nuevas para productores rurales y mipymes que adopten prácticas sostenibles verificables. A nivel bancario, se impulsará la emisión de bonos temáticos y la alineación de carteras de crédito con estándares ASG, un salto necesario para que el sector financiero local juegue un papel más activo en la transformación económica verde.
Kristin Lang, del Fondo Verde para el Clima, resaltó que este es el primer proyecto aprobado bajo la nueva Estrategia Readiness del GCF para un pequeño Estado insular en desarrollo, una señal de confianza en la capacidad del país de convertir esta plataforma en un motor de políticas y proyectos concretos.
El camino por delante exigirá coordinación fina y continuidad, pero la alianza recién anunciada coloca al país en posición de acelerar un cambio que ya no admite postergaciones. En un escenario climático cada vez más retador, esta apuesta podría brindar las herramientas necesarias para que las comunidades y sus medios de vida ganen resiliencia y competitividad en un entorno global que avanza hacia la descarbonización.
