La decisión de la República Dominicana de adherirse a la Declaración de Chile marca un nuevo paso en los esfuerzos del país por modernizar su matriz de movilidad y alinearla con los compromisos climáticos internacionales. El enfoque está puesto en un objetivo que se vuelve más urgente cada año: reducir el impacto ambiental del transporte sin frenar el desarrollo económico.
El documento plantea metas ambiciosas para 2035, entre ellas disminuir en un 25 % la demanda energética del sector y garantizar que al menos un tercio de esa energía provenga de fuentes renovables y biocombustibles sostenibles. Estos lineamientos, impulsados durante la COP30 celebrada en Belém, buscan que los países avancen hacia sistemas de movilidad capaces de operar incluso bajo escenarios climáticos complejos.
La representante dominicana ante la conferencia, Sara González Troncoso, destacó que el transporte se ha convertido en un terreno fértil para la innovación tecnológica. Sus palabras encuentran sustento en cifras del propio país, donde este sector aporta alrededor del 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. Organismos como la Agencia Internacional de Energía coinciden en que la electrificación del transporte pesado y la expansión de los biocombustibles sostenibles serán claves para lograr reducciones significativas de aquí a la próxima década.
La declaración firmada también traza una ruta para transformar el transporte de pasajeros y carga, de modo que sea más resistente a los eventos extremos y reduzca su vulnerabilidad ante interrupciones prolongadas. En América Latina, varios países ya han adoptado políticas similares, y algunos como Chile y Costa Rica han avanzado en normativas que priorizan flotas eléctricas y sistemas de transporte público con cero emisiones.
Para la República Dominicana, este compromiso no surge de cero. El país ha venido sumando acuerdos internacionales, como el Memorando de Entendimiento Global sobre Vehículos Medianos y Pesados con Cero Emisiones suscrito durante la COP27. Ese historial facilita que la nueva declaración no se quede en un gesto diplomático, sino que se integre a proyectos ya en marcha, como la expansión de corredores eléctricos y la modernización del transporte urbano.
La incorporación a la Declaración de Chile amplía así el margen de acción del país dentro de la agenda climática global. Con metas claras y medibles, se abre la puerta a obtener cooperación técnica, financiamiento y transferencia de conocimientos que pueden acelerar la transición hacia un sistema de movilidad más limpio, eficiente y preparado para los retos que impone el cambio climático.
