El Gobierno del Reino Unido lanzó este lunes un ambicioso plan para reformar radicalmente el sistema de asilo, cuyo objetivo es restringir los flujos irregulares, acelerar las deportaciones y cerrar la vía cómoda hacia la residencia permanente.
Según el documento oficial del Ejecutivo británico, publicado por EFE, la iniciativa implementará un marco inspirado en políticas como las de Dinamarca, con tres pilares: controlar las llegadas, reforzar las devoluciones y habilitar nuevas rutas legales de acceso.
En virtud del borrador, quien huye de un conflicto podrá obtener inicialmente residencia por 30 meses (2,5 años), en lugar de los cinco años actuales, y solo podría aspirar al estatus permanente luego de un mínimo de 20 años. Durante ese período, el permiso quedará condicionado.
Sin embargo, quienes accedan por visados de trabajo o estudio estructuras prioritarias en el plan podrían adelantar el acceso a la residencia. Así mismo, la reunificación familiar ya no será automática, sino que se limitará a participantes de esos programas dirigidos.
El Ejecutivo también recortará apoyos públicos para solicitantes que puedan mantenerse por sus propios medios, replanteará el alojamiento temporal desplazando a hoteles hacia instalaciones comunitarias o militares y exigirá que los solicitantes cooperen con las autoridades durante su proceso.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, subrayó que la reforma tiene como fin “unir a un país dividido”, en alusión a las presiones por la inmigración y al incremento de las rutas irregulares que han tensionado al Gobierno.
Entre las novedades figura el fortalecimiento de las devoluciones: se intensificarán los retornos voluntarios con incentivos económicos, y se negociarán acuerdos con países terceros para recibir a quienes no pueden ser legalmente devueltos a sus países de origen. Aquellos que no colaboren podrían enfrentarse a sanciones, como la denegación de visados.
El borrador plantea además modificar la legislación nacional para restringir la aplicación en el Reino Unido de los artículos 8 y 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, relativos al derecho a la vida familiar y a la prohibición de tortura, respectivamente.
En materia de vías legales, el plan habilita cupos controlados para refugiados genuinos, fomentando el patrocinio comunitario por parte de organizaciones y particulares que integren a solicitantes en entornos supervisados.
El texto señala que desde 2021, más de 400.000 personas han solicitado asilo en el Reino Unido, muy por encima de las cerca de 150.000 del periodo 2011-2015. De los 111.800 solicitantes llegados este año, solo el 37 % lo hizo por la vía legal. Desde la llegada al poder del Gobierno laborista en julio de 2024, se han resuelto 85.000 solicitudes y se han efectuado más de 48.000 retornos, incluidos 5.400 de delincuentes extranjeros.
Actualmente, unos 106.000 migrantes esperan en alojamiento estatal la resolución de sus casos, un servicio público que llegó a costar alrededor de 9 millones de libras al día en 2023.
La reforma marca un giro contundente en la política de asilo del Gobierno británico, reflejando tanto la presión migratoria como la necesidad de control de los recursos públicos. Su aplicación y efecto serán vigilados de cerca por organizaciones defensoras de derechos humanos, que ya advierten posibles vulneraciones al derecho internacional.
