Las decisiones migratorias de Washington volvieron a poner el foco en Centroamérica, luego de que el Gobierno estadounidense anunciara nuevas restricciones para frenar el flujo irregular hacia su territorio. La medida apunta a individuos y empresas señalados de facilitar el tránsito de extranjeros que buscan llegar a la frontera norte.
Tal como informó EFE, el Departamento de Estado explicó que estas cancelaciones de visados alcanzan a propietarios y ejecutivos vinculados a compañías de transporte, agencias de viaje y operadores turísticos que operan en Nicaragua bajo un clima migratorio que, según Estados Unidos, favorece el desplazamiento de personas sin documentación regular.
El comunicado oficial sostiene que estas estructuras habrían aprovechado las políticas flexibles del Gobierno nicaragüense para convertir al país en un corredor migratorio hacia Norteamérica. En la última década, organizaciones humanitarias han documentado cómo Nicaragua se volvió un punto de tránsito habitual para viajeros procedentes del Caribe, Sudamérica y Asia, quienes suelen continuar su trayecto por Centroamérica hasta llegar a México. Este patrón ha generado tensiones entre los gobiernos de la región, que enfrentan una presión constante en materia de seguridad fronteriza y asistencia humanitaria.
La Administración de Donald Trump, que retomó sus políticas de línea dura en migración durante su regreso al poder, mantiene como prioridad reducir los ingresos irregulares. El registro de más de 80.000 visas revocadas en lo que va del año refleja esa ofensiva. Una porción considerable de estas cancelaciones responde a delitos comunes detectados por las autoridades consulares, incluidos agresiones, robos y conducción bajo los efectos del alcohol, factores que suelen provocar la pérdida inmediata del visado.
El impacto de estas restricciones se siente especialmente en los sectores de transporte y turismo nicaragüense, donde algunas empresas dependen de rutas regionales frecuentadas por migrantes. Especialistas consultados por organismos independientes han advertido que medidas como esta podrían motivar prácticas más clandestinas y peligrosas para quienes intentan llegar a Estados Unidos, alimentando redes irregulares que ya operan en el corredor centroamericano.
La decisión refuerza la estrategia de Washington de presionar a actores que, desde su perspectiva, contribuyen a la inestabilidad regional. En paralelo, continúa la discusión diplomática con gobiernos centroamericanos para abordar rutas migratorias, seguridad y cooperación, un tema que sigue marcando la conversación política en el continente.
