Una conmoción sacude los márgenes del conflicto armado en Colombia tras conocerse que un adolescente de 16 años murió la semana pasada en un bombardeo del Ejército en el departamento de Arauca.
Según un comunicado de EFE, el presidente Gustavo Petro reconoció además la muerte de otros cuatro adolescentes en una operación militar en octubre en el Caquetá, y sumó un total de al menos 12 menores fallecidos en bombardeos realizados por tropas del Estado desde octubre.
El mandatario aseguró que los menores formaban parte de la estructura de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)-EMC, lideradas por el buscado alias Iván Mordisco, y que actuaban en funciones ofensivas. “Lamentablemente murieron cuatro adolescentes en Caquetá el 1 de octubre, siete en el Guaviare el 10 de noviembre y un adolescente en Arauca el 13 de noviembre”, sintetizó.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo, a través de su titular Iris Marín, demandó el cese de estos bombardeos ante el riesgo de víctimas infantiles. Marín advirtió que, independientemente de que ellos y ellas estuvieran cumpliendo funciones continuas de combate, los principios de humanidad y necesidad militar ponen en cuestión estas operaciones.
Desde el Palacio de Nariño, el presidente Petro insistió en que no detendrá las operaciones aéreas, argumentando que “si se suspenden los bombardeos los capos van a reclutar más niños y niñas” y defendió el ataque como único mecanismo para proteger a los soldados desplegados.
Este nuevo capítulo del conflicto muestra un cruce duro entre la prioridad de proteger a las fuerzas armadas y la obligación de resguardar los derechos de los menores reclutados. Las disidencias de las FARC-EMC son señaladas por las autoridades como las principales responsables del reclutamiento forzado de menores de edad para sus filas.
En medio de la tensión política generada, varios sectores de la oposición y la sociedad civil cuestionan tanto el alcance como el marco legal de las operaciones militares. El hecho de que entre los veinte fallecidos en el bombardeo del Guaviare figuren cuatro niñas y tres niños generó que la Fiscalía General de la Nación junto al ámbito militar abriera una investigación sobre lo ocurrido.
Mientras tanto, los habitantes de las zonas conflictivas observan con alarma cómo la ofensiva aérea del Estado y las tácticas de los grupos armados se entrelazan con un escenario cada vez más complejo, donde los derechos de los niños y niñas reclutados parecen quedar al límite.
