El proceso judicial contra Pedro Castillo entró en una fase decisiva mientras el exmandatario insiste en que todo lo ocurrido aquel 7 de diciembre de 2022 fue el desenlace de tensiones políticas que venían acumulándose desde su llegada al poder. Su intervención final en el juicio dejó ver a un hombre que, más que defenderse, buscó explicar el clima en el que según él se tomaron decisiones apresuradas y malinterpretadas.
Tal como informa EFE, Castillo aseguró ante los magistrados que el mensaje televisado donde anunció el cierre del Congreso respondió a un momento de presión extrema y a lo que describió como “un clamor popular”. Desde su perspectiva, el proceso por rebelión que hoy enfrenta está marcado por un sesgo que lo ha acompañado desde la campaña electoral de 2021.
Durante más de media hora, el exgobernante repasó episodios de su gestión para sostener que jamás buscó quebrar el orden constitucional. Dijo que actuó movido por la convicción de que el Parlamento lo destituiría ese mismo día y que pretendía acudir al hemiciclo a defenderse. Incluso afirmó que no tenía intención alguna de solicitar asilo, como se especuló tras su detención.
El relato de Castillo se sostiene en la idea de que fue víctima de una maquinaria política que no aceptó su victoria electoral y que, en su opinión, alimentó campañas de descrédito constantes. Al reiterar que es “maestro y campesino”, buscó reforzar la narrativa de ser un outsider enfrentado a una élite que nunca lo reconoció como presidente legítimo.
Mientras la Sala Penal Especial de la Corte Suprema fija la próxima audiencia para el 27 de noviembre, el Ministerio Público mantiene su solicitud de 34 años de prisión por rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. De manera alternativa, planteó una condena de 19 años y 30 días por conspiración, una fórmula que abre otra ruta jurídica dentro del mismo expediente.
Más allá de lo legal, el proceso contra Castillo sigue siendo un reflejo de las fracturas políticas del Perú. Su defensa apela a la noción de injusticia acumulada, mientras la Fiscalía sostiene que aquel mensaje televisado constituyó un quiebre institucional inequívoco. El tribunal tendrá que navegar entre ambas narrativas para emitir una decisión que marcará un nuevo capítulo en la crisis política peruana.
