La investigación policial volvió a poner en evidencia cómo algunas redes de explotación se reactivan aun después de ser desarticuladas. El caso más reciente apunta a una pareja que, según los investigadores, convirtió la vulnerabilidad económica de varias mujeres en una herramienta para someterlas.
Tal como informó EFE, la pareja había sido detenida inicialmente en marzo, quedó en libertad bajo fianza y volvió a captar a algunas de las mismas víctimas mientras cumplía medidas judiciales.
Las autoridades relataron que los sospechosos operaban entre Granada y Almería, donde controlaban dos viviendas utilizadas como puntos de explotación. A las mujeres las traían desde Colombia ofreciéndoles una oportunidad laboral que nunca existió; el supuesto apoyo económico para el viaje se convertía en una deuda inicial de 2.000 euros, a la que añadían otros 1.000 en “intereses”. Con esa presión encima, las obligaban a jornadas interminables de prostitución, sin derecho a salir ni a decidir sobre sus movimientos.
La pareja, ambos jóvenes 35 y 30 años, no solo habría reanudado la actividad tras su primera liberación, sino que también presionó a varias testigos para que modificaran su versión. Ese intento de intimidación motivó que los investigadores activaran una segunda fase del operativo en abril y, más adelante, una tercera que terminó con un nuevo arresto.
La explotación sexual vinculada a deudas impuestas es una práctica frecuente en redes de trata que operan en España y en otros países europeos, según informes públicos del Ministerio del Interior y de organizaciones como la OIM. Estas estructuras suelen aprovechar la desesperación económica y las falsas promesas de trabajo para mantener el control sobre las víctimas.
Con la última detención, los imputados volvieron a ser presentados ante el juez, mientras las autoridades intentan reforzar la protección de las mujeres afectadas para impedir nuevas represalias y evitar que el caso vuelva a repetirse.
