El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, deberá permanecer en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México hasta abril de 2026, tras la negativa de la justicia mexicana a concederle la libertad anticipada solicitada.
Según información de la agencia EFE, la magistrada de control Ángela Zamorano, del Centro de Justicia Penal Federal (CJPF), consideró que la petición del exmandatario estatal no cumplía con los requisitos necesarios, a pesar de que su defensa alegaba buena conducta y que ya había cumplido más del 70 % de su condena.
Duarte fue sentenciado en 2018 a nueve años de prisión por su participación en una red de desvío de fondos públicos a través de empresas fantasma durante su gestión como gobernador de Veracruz, cargo que ocupó de 2010 a 2016. En esta trama también se le vinculó a los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Durante la audiencia de este viernes, la fiscalía representada por el Fiscalía General de la República (FGR) destacó que el interno no había demostrado la buena conducta exigida para acceder a la libertad anticipada.
La magistrada Zamorano añadió que, además de la condena que aún está cumpliendo, Duarte enfrenta un proceso pendiente por desaparición forzada, lo que impide otorgarle la libertad antes del cumplimiento total de su sentencia. Con base en la legislación penal mexicana, este tipo de medidas se reservan para quienes acreditan mínimo dos-tercios de la pena, bueno comportamiento y no tienen causas abiertas adicionales.
La nación veracruzana y todo el país siguen de cerca este caso debido al fuerte impacto político y social del expediente. Durante su mandato por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Duarte fue expulsado del partido a raíz de las acusaciones de corrupción, y tras su huida fue detenido en Guatemala por la Interpol en abril de 2017 y extraditado a México en julio del mismo año.
El futuro de Duarte se prolonga por varios años en la cárcel; incluso aunque en teoría podría haber calificado para la libertad anticipada, la combinación de su expediente penal abierto y las dudas sobre su conducta en prisión le han cerrado esa puerta. Esta decisión marca un claro mensaje del sistema judicial mexicano sobre la intensidad con que se persiguen los casos de corrupción de alto nivel.
