La noticia del fallecimiento de un joven bajo custodia volvió a encender las alarmas sobre las condiciones en las que operan los centros de detención del país. Alexander Pérez Martínez, de apenas 25 años, no llegó a completar un mes en la celda donde esperaba que su situación judicial se aclarara.
Según publicó deultimominuto, el muchacho había sido ingresado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva como detenido preventivo por una acusación de violación y robo. Su hermano, Rafael Pérez Martínez, sostiene que la causa real de su muerte fue una enfermedad que avanzó sin control dentro del encierro, agravada dice por la falta de medicamentos, mala alimentación y un trato que describe como negligente.
El relato de la familia coloca en evidencia una problemática que organizaciones como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han señalado durante años la fragilidad del sistema de salud penitenciario, especialmente en centros transitorios como este, donde el flujo constante de detenidos suele desbordar la capacidad de atención. Rafael afirma que Alexander le enviaba mensajes desde la celda pidiendo auxilio, preocupado por su deterioro físico y por la ausencia de los tratamientos que, supuestamente, debían ser suplidos por los propios parientes.
El hermano también insiste en que la detención fue injusta desde el inicio. Asegura que, durante los 15 días que Alexander permaneció encerrado, nadie se presentó a formalizar una querella, un elemento que, a su juicio, pone en entredicho la base misma del caso. Ese vacío procesal es un punto que defensores públicos han denunciado en otras ocasiones: personas retenidas por largos periodos sin que exista un expediente completo.
El golpe más fuerte para la familia llegó cuando Rafael acudió al centro de detención y se enteró de que su hermano había muerto. Asegura que las autoridades conocían la gravedad del cuadro de salud, pero nunca le comunicaron la situación a tiempo. Ese reclamo ha provocado que parientes y allegados exijan una investigación rigurosa sobre el manejo médico y penitenciario que recibió Alexander en sus últimos días.
La demanda de esclarecimiento coincide con un clamor más amplio por reformas. Diversos informes públicos han planteado la necesidad de reforzar la supervisión sanitaria en los recintos, garantizar medicamentos básicos y establecer protocolos claros para casos de emergencia. La muerte de Alexander, según su familia, es una consecuencia directa de un sistema que aún no logra proteger a quienes, aunque estén detenidos, siguen amparados por el derecho a la vida y a la atención digna.
