El estruendo metálico que marcó la mañana en el Parque Industrial Duarte simbolizó algo más que un simple procedimiento técnico: fue la evidencia de cómo un país decide cortar, de forma tangible, la ruta de violencia asociada al tráfico de armas.
Según la Presidencia, el Ministerio de Interior y Policía llevó a cabo la eliminación de 3,945 armas decomisadas, un proceso que incluyó pistolas, escopetas, rifles, artefactos caseros y cientos de piezas que ya no volverán a circular en el mercado ilícito. La jornada formó parte del programa estatal para reducir la disponibilidad de armamento fuera de control institucional y reforzar la seguridad ciudadana.
El operativo estuvo encabezado por la ministra Faride Raful, acompañada de representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional. Raful resaltó que cada arma destruida equivale a una oportunidad menos para el crimen y reiteró el compromiso asumido por el país dentro de la Hoja de Ruta internacional contra el tráfico ilícito de armas. Su mensaje conectó con un reclamo frecuente de las comunidades: limitar la presencia de armamento ilegal para disminuir los delitos violentos.
El proceso se ejecutó en las instalaciones de Metaldom, donde una unidad industrial especializada comprimió y procesó los artefactos mediante tecnología utilizada habitualmente para la chatarra ferrosa. Desde esa perspectiva, el sector industrial tuvo una participación activa. Fernando de la Vega, director país de Metaldom, defendió el aporte de la economía circular, subrayando que la industria puede convertir un problema de seguridad en un insumo que se reincorpora al ciclo productivo sin riesgo alguno.
En el acto también estuvieron el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; representantes del sector empresarial y figuras vinculadas a iniciativas ambientales y de responsabilidad social. Su presencia envió una señal de respaldo interinstitucional a las políticas de desarme, un componente clave dentro de la Estrategia Nacional de Seguridad Ciudadana.
La destrucción masiva de armas se enmarca, además, en los compromisos asumidos por el país en foros internacionales. Durante una reunión celebrada a inicios de año en la OEA, siete naciones incluyendo República Dominicana adoptaron un instrumento regional para reforzar la lucha contra el tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos. Esa hoja de trabajo aspira a mejorar los controles, fortalecer la cooperación y cerrar brechas que históricamente han sido aprovechadas por redes criminales en Centroamérica y el Caribe. La iniciativa cuenta con el respaldo técnico de UNLIREC y el acompañamiento financiero de la Unión Europea.
Al final de la jornada, el Ministerio de Interior y Policía reiteró que estas intervenciones no solo reducen el inventario de armas ilegales, sino que sostienen la credibilidad de las políticas de desarme. Para muchas comunidades, observar cómo casi cuatro mil piezas son destruidas en un solo día funciona como recordatorio de que la seguridad también se construye con acciones concretas y visibles.
