El ambiente político boliviano volvió a tensarse con la detención del expresidente Luis Arce, quien amaneció en una celda policial de La Paz mientras la justicia decide si enfrentará un proceso formal por presuntas irregularidades en el manejo de fondos destinados a comunidades indígenas. Su arresto reavivó un caso que durante años permaneció envuelto en denuncias, silencios y fracturas dentro del propio oficialismo.
Según reportes de la agencia EFE, el exmandatario fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en cumplimiento de una orden de la Fiscalía, que sostiene que Arce actuó de forma negligente cuando dirigió el Ministerio de Economía durante el gobierno de Evo Morales.
Aunque su entorno asegura que se encuentra en buen estado y recibiendo trato adecuado, la situación del exgobernante podría definirse pronto. El fiscal Miguel Cardozo adelantó que en las próximas horas presentará una imputación por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, cargos que suelen emplearse en Bolivia para procesos sobre uso indebido de recursos públicos. La estrategia de defensa de Arce, por ahora, se centra en mantener silencio legal mientras se formaliza la acusación.
La investigación gira alrededor del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino y Agropecuario, un mecanismo creado en 2005 para financiar obras en territorios indígenas. Lo que aspiraba a convertirse en una herramienta de transformación social terminó envuelto en denuncias que, de acuerdo con datos fiscales, involucran más de 3.500 proyectos inconclusos y transferencias de dinero a cuentas personales de dirigentes comunitarios. Si se confirma el cálculo preliminar del Ministerio Público, el daño económico podría superar los 925 millones de bolivianos, una cifra que ha encendido nuevas alarmas sobre el alcance de la corrupción en programas estatales.
No se trata de un expediente nuevo. Desde 2013 el fondo ha estado bajo la lupa, pero casi toda la carga judicial recayó sobre el exdirector Marco Antonio Aramayo, quien denunció públicamente los desvíos y terminó pasando siete años en prisión preventiva antes de fallecer en 2022. Su historia, marcada por el deterioro físico y la falta de resolución judicial, dejó heridas abiertas en sectores indígenas que hoy observan con atención el avance de esta nueva fase del caso.
El Ministerio Público también emitió otras cinco órdenes de aprehensión y evalúa llamar a declarar a exautoridades y dirigentes beneficiados con los desembolsos. La posibilidad de que figuras de distintas corrientes del oficialismo vuelvan a escena mantiene al país pendiente de cada movimiento.
Desde su equipo cercano, la exministra María Nela Prada sostiene que Arce entregó “todos los descargos” en su momento y que el proceso responde más a disputas políticas que a hechos comprobados. Sin embargo, la dimensión del fondo investigado y el impacto social de los proyectos inconclusos colocan el caso en un territorio complejo, donde la justicia boliviana afronta el reto de esclarecer responsabilidades sin agravar la ya frágil estabilidad institucional.
