La tensión que dejó el proceso electoral hondureño sigue generando movimientos diplomáticos en la región. La República Dominicana, consciente del peso que tienen estos comicios para la estabilidad democrática del istmo, ha impulsado una acción coordinada para que la situación sea examinada con mayor profundidad por los órganos hemisféricos.
Según Presidencia, la delegación dominicana ante la Organización de los Estados Americanos solicitó formalmente la convocatoria de una sesión extraordinaria del Consejo Permanente. El objetivo es que el jefe de la misión de observación electoral enviada a Honduras, el embajador Eladio Loizaga, exponga de manera directa lo ocurrido durante las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre.
El pedido no fue un gesto aislado. Junto a Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay y Perú, el país propuso que la reunión se realice el 15 de diciembre en la sede de la OEA en Washington D.C., una señal clara de que varias naciones perciben la necesidad de un examen colectivo y urgente sobre el rumbo del proceso hondureño.
La solicitud se inserta en un contexto donde la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD) integrada por República Dominicana, Costa Rica, Panamá y Ecuador ha hecho sentir su voz en defensa del orden democrático. Esta plataforma regional, creada en 2021 para promover gobernanza, comercio y consensos políticos, ha emitido dos comunicados recientes reafirmando su compromiso con la Carta Democrática Interamericana y con la celebración de elecciones libres y verificables.
En su primer mensaje, fechado el 2 de diciembre de 2025, la ADD instó a las autoridades electorales hondureñas a completar el escrutinio con la presencia de observadores internacionales, un paso crucial para disipar dudas en procesos tan disputados como el de Honduras, donde históricamente la confianza pública en los resultados ha sido frágil. La misma organización internacional ha destacado en informes previos que la transparencia en el conteo es uno de los puntos más sensibles en ese país.
Días después, el 9 de diciembre, la ADD expresó preocupación por la decisión de la presidenta Xiomara Castro de declarar nulo el proceso electoral sin la participación del Consejo Nacional Electoral, órgano que por ley administra y certifica los comicios. Este conflicto institucional elevó la incertidumbre y abrió un debate sobre los límites del poder Ejecutivo en materia electoral, un tema que académicos y organismos civiles ven con inquietud desde hace años.
Ante ese escenario, los países miembros de la ADD hicieron un llamado urgente a la misión de observación de la OEA para que presente un informe detallado al Consejo Permanente, buscando una lectura técnica y objetiva de los hechos. La presentación del embajador Loizaga, de concretarse en la fecha solicitada, podría convertirse en una pieza clave para orientar los pasos diplomáticos y políticos de la región en relación con Honduras.
La región sigue atenta. En un hemisferio donde la legitimidad electoral es cada vez más vigilada y cuestionada, la reacción conjunta de varios Estados refleja la importancia de preservar procesos creíbles y capaces de sostener la gobernabilidad en el tiempo. Para países como la República Dominicana, actuar ahora no solo responde a un principio, sino también a una visión estratégica sobre la estabilidad regional.
