Las instituciones financieras europeas navegan hoy en un entorno donde la tecnología avanza más rápido que su capacidad para blindarse. Esa brecha ha abierto un flanco que preocupa a Bruselas: la creciente exposición del sector a fallos tecnológicos y ataques cibernéticos capaces de paralizar servicios esenciales.
Según la agencia EFE, la Comisión Europea decidió dar un paso firme y concedió a España, Francia y Portugal un plazo de dos meses para integrar en sus leyes la normativa DORA, pieza clave del nuevo andamiaje regulatorio que busca reforzar la estabilidad digital del sistema financiero.
Este marco obliga a bancos, aseguradoras, gestoras de inversión y proveedores tecnológicos a operar bajo criterios estrictos de resiliencia. La idea va más allá de proteger servidores: se trata de garantizar que, ante cualquier incidente, las entidades puedan mantener sus servicios activos y evitar que una caída puntual provoque un efecto dominó en otros sectores económicos. En un continente donde los pagos digitales ya superan con holgura el efectivo, un apagón tecnológico tendría consecuencias profundas.
Bruselas había iniciado previamente un procedimiento de infracción por el retraso en la transposición, pero con el dictamen motivado enviado este jueves sube la presión. Si los países no actúan dentro del plazo, el caso podría terminar en el Tribunal de Justicia de la UE, con sanciones económicas incluidas. Esta herramienta legal, aunque severa, suele funcionar como último recurso para asegurar que las reglas del mercado único se aplican por igual en los 27.
Especialistas en ciberseguridad han advertido que las amenazas al sector financiero han aumentado en volumen y sofisticación durante los últimos tres años, con ataques de denegación de servicio y secuestro de datos que buscan no solo beneficios económicos, sino también generar inestabilidad. Informes recientes del Centro Europeo de Ciberdelincuencia muestran que el sector financiero recibe una de las mayores tasas de ataque en la región, un indicador que justifica la urgencia de la normativa.
Con DORA plenamente aplicada, la Comisión espera un sistema financiero menos frágil y mejor coordinado ante crisis tecnológicas. Para España, Francia y Portugal, el reloj ya está corriendo, y la expectativa es que este impulso final permita cerrar un vacío legal que, de persistir, podría exponer al continente a riesgos innecesarios.
