La Dirección General de Migración reforzó su presencia en distintas provincias del país durante el viernes 6 y el sábado 7 de febrero de 2026, ejecutando operativos de verificación migratoria que resultaron en la detención de miles de extranjeros en situación irregular. Las acciones incluyeron retenes, inspecciones en avenidas principales y controles en terminales de transporte, buscando garantizar el cumplimiento de la ley y el orden en todo el territorio nacional.
Según información oficial de la Presidencia, un total de 2,481 personas fueron detenidas y 2,560 deportadas tras los procesos de depuración y control establecidos por la Ley General de Migración No. 285-04. La intervención contó con el apoyo del Ejército de República Dominicana, la Policía Nacional, Cesfront y la Armada, quienes participaron de manera coordinada en la supervisión y ejecución de las detenciones.
En Santo Domingo, los operativos abarcaron sectores como Villas Agrícolas, Los Frailes, Ciudad Juan Bosch y Herrera, incluyendo paradas de autobuses y puntos de alta movilidad, donde se verificó la situación migratoria de numerosos extranjeros. Santiago de los Caballeros reportó 32 interdicciones en la ciudad cabecera y zonas aledañas, mientras que La Vega se destacó con 205 personas detenidas en Constanza y rutas interurbanas.
Otras provincias como San Juan de la Maguana, Elías Piña, Azua, San José de Ocoa, Montecristi, Barahona, Puerto Plata, Valverde y Santiago Rodríguez también registraron operativos intensivos, con especial atención en vías de acceso y comunidades estratégicas. Entre los detenidos se encontraban ciudadanos de Haití, Cuba, Venezuela, China, Francia, Vietnam, Rusia y Nigeria, quienes fueron investigados y procesados conforme a los procedimientos institucionales.
Previo a su deportación, los extranjeros fueron sometidos a toma de datos biométricos, huellas digitales y registros fotográficos en los centros de retención de la DGM, garantizando el respeto a los derechos humanos y la dignidad personal en todo momento. Las acciones reflejan un esfuerzo continuo del país por mantener un control migratorio efectivo y ordenado, alineado con las normativas vigentes.
