El uso de patinetas eléctricas y otros dispositivos de movilidad personal dejó de ser una novedad en las calles dominicanas. Hoy forman parte del paisaje urbano, sobre todo en zonas comerciales y residenciales de alto tránsito. Frente a ese crecimiento acelerado, las autoridades decidieron apretar el paso en la fiscalización para evitar que la modernidad termine convirtiéndose en un riesgo para peatones y conductores.
Según informó la Presidencia, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) reforzará los controles para garantizar que las patinetas eléctricas no circulen por las aceras y respeten el límite máximo de 20 kilómetros por hora. La medida busca proteger al peatón, especialmente en espacios donde confluyen niños y adultos mayores, y ordenar una convivencia que ya muestra señales de tensión en varias ciudades del país.
El Intrant recordó que cualquier alteración del sistema de motorización que permita superar ese rango de velocidad constituye una violación directa a la normativa. En otras palabras, modificar el equipo para ganar potencia no solo es imprudente, también tiene consecuencias legales. Las sanciones pueden ir de uno a tres salarios mínimos del sector público centralizado, amparadas en el artículo 251 de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será la encargada de aplicar la fiscalización.
La regulación también establece diferencias claras entre tipos de vehículos eléctricos. Las bicicletas eléctricas de carretera pueden alcanzar hasta 45 kilómetros por hora, mientras que las de montaña o destinadas al transporte de personas o carga tienen un tope de 32 kilómetros por hora. Esa distinción técnica responde a su diseño, peso y funcionalidad, elementos que inciden directamente en el nivel de riesgo en la vía pública.
El director ejecutivo del Intrant, Milton Morrison, insistió en la necesidad de separar los dispositivos de movilidad personal de las motocicletas eléctricas. Las patinetas sin sillín y las bicicletas de pedaleo asistido donde el motor solo complementa el esfuerzo humano entran en la primera categoría. En esos casos, el uso de casco protector es obligatorio y los límites de velocidad son estrictos.
Distinto es el escenario para las motocicletas eléctricas cuya propulsión depende de acelerador, incluso si poseen pedales. Estas se consideran vehículos de motor y deben cumplir con todos los requisitos legales: placa oficial, matrícula, seguro de responsabilidad civil y licencia de conducir categoría 1. Circular sin esa documentación expone al conductor a la retención inmediata del vehículo.
El endurecimiento del control no se limita a la calle. El Intrant notificará a la Dirección General de Aduanas (DGA) y a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) que toda motocicleta eléctrica deberá completar los procesos formales de importación y matriculación antes de entrar en circulación. También se comunicará a importadores, distribuidores y empresas de alquiler su responsabilidad en el cumplimiento del marco legal.
Este movimiento ocurre en un contexto regional donde la micromovilidad eléctrica crece a ritmo sostenido. Ciudades de América Latina han tenido que ajustar sus normativas ante el aumento de accidentes vinculados al uso indebido de estos dispositivos, especialmente por exceso de velocidad o circulación en aceras. La experiencia internacional muestra que regular temprano evita conflictos mayores y reduce lesiones.
El Intrant adelantó que trabaja en nuevas disposiciones para actualizar los estándares de seguridad. Entre ellas se estudia definir edad mínima de operación según la potencia del equipo, exigir seguro obligatorio en determinadas categorías y establecer límites máximos de potencia permitida. Son ajustes que buscan equilibrar innovación y seguridad.
La movilidad eléctrica representa una oportunidad real para reducir emisiones y descongestionar el tránsito, algo que República Dominicana necesita con urgencia. Pero ese avance tecnológico debe caminar junto al respeto a la ley y a la vida de quienes se desplazan a pie. El reto ahora será que usuarios, comerciantes y autoridades asuman su parte y que la fiscalización no se quede solo en anuncio.
