La Cámara de Representantes de Estados Unidos dio luz verde a una propuesta que podría transformar la forma en que millones de ciudadanos participan en elecciones federales. La denominada Save America Act plantea que los votantes deban presentar una identificación oficial al momento de acudir a las urnas en comicios nacionales, incluidas las presidenciales, un cambio que alteraría las reglas vigentes en buena parte del país.
Según informó la agencia EFE, la iniciativa fue impulsada por el liderazgo republicano y respaldada por el presidente Donald Trump, quien ha insistido durante años en que los comicios de 2020 estuvieron marcados por irregularidades. Aunque múltiples tribunales y auditorías estatales descartaron pruebas de fraude masivo en aquella elección incluidos fallos de jueces designados por el propio Trump, el tema continúa siendo eje central del discurso conservador en materia electoral.
Actualmente, el sistema electoral estadounidense delega en cada estado la organización y regulación del registro de votantes. En términos generales, basta con estar inscrito en el padrón correspondiente para ejercer el derecho al voto, y no todos los estados exigen mostrar una identificación con fotografía en el centro de votación. De hecho, según datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL), alrededor de una decena de estados no requiere ningún tipo de documento con foto para sufragar en persona, mientras otros aplican requisitos más estrictos.
La Save America Act busca establecer un estándar federal uniforme. Sus promotores argumentan que la medida fortalecería la confianza pública en el sistema y evitaría suplantaciones de identidad. Sin embargo, organizaciones defensoras del derecho al voto, como el Brennan Center for Justice, sostienen que el fraude por suplantación es extremadamente raro y que imponer exigencias adicionales podría afectar de forma desproporcionada a adultos mayores, minorías raciales y ciudadanos de bajos ingresos que no cuentan con documentación actualizada.
El debate no es nuevo. Desde principios de la década pasada, varios estados gobernados por republicanos han aprobado leyes de identificación de votantes, algunas de las cuales han enfrentado impugnaciones judiciales. En 2013, la Corte Suprema debilitó partes clave de la Ley de Derechos Electorales de 1965, lo que abrió la puerta a cambios estatales más restrictivos en materia de votación. Desde entonces, la discusión sobre seguridad electoral y acceso al voto se ha intensificado en cada ciclo presidencial.
La propuesta ahora deberá pasar por el Senado, donde el panorama político determinará su viabilidad. De prosperar, marcaría uno de los cambios más significativos en las normas federales de votación en décadas. Mientras tanto, el país vuelve a dividirse entre quienes ven en la identificación obligatoria una garantía de transparencia y quienes la consideran una barrera innecesaria en una democracia que históricamente ha buscado ampliar no reducir la participación ciudadana.
