El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha señalado que no permitirá que el anteproyecto de ley que prioriza la gestión pública de los servicios sanitarios avance sin resistencia. Según el portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, la normativa invadiría competencias exclusivas de la comunidad autónoma y provocaría la correspondiente respuesta judicial.
Tal como informa EFE, García Martín expresó que duda que la ley sea aprobada en el Congreso de los Diputados, considerando la minoría parlamentaria del Gobierno y el impacto que tendría en Cataluña, donde la dependencia de hospitales privados es elevada. En Madrid, actualmente cinco hospitales públicos operan bajo concesión de empresas privadas, principalmente Quirón, un modelo que el portavoz califica de “éxito” por su capacidad de ofrecer atención sanitaria de calidad.
El debate se intensifica después de las críticas de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien afirmó que la ley busca frenar prácticas privatizadoras y especulativas, derogando la legislación de 1997 que permitió modelos como Alzira y los hospitales gestionados por Quirón. La norma plantea que la gestión directa sea la principal vía, limitando la indirecta solo a casos excepcionales y bajo estrictos criterios de sostenibilidad, eficiencia y calidad.
La futura regulación no afectaría a los conciertos y contratos actuales, que continuarían hasta su vencimiento, aplicándose únicamente a procedimientos futuros. El enfrentamiento entre la administración central y la Comunidad de Madrid subraya la tensión entre modelos de gestión sanitaria pública y privada, mientras se discute cómo garantizar servicios eficientes y accesibles en todo el país.
