El número de inmigrantes detenidos en Estados Unidos que prefieren abandonar su caso ante un juez y regresar voluntariamente a su país marcó un récord en 2025. La tendencia revela un giro significativo en la estrategia de defensa de miles de personas que, frente a un panorama cada vez más restrictivo, optan por salir antes de enfrentar una orden formal de deportación.
Según datos divulgados por la agencia EFE, el 28 % de los inmigrantes detenidos y posteriormente deportados durante 2025 renunciaron a continuar su proceso judicial y solicitaron la salida voluntaria. El análisis, basado en registros de cortes migratorias durante varias décadas, fue citado en un estudio de CBS News que advierte un aumento sostenido mes tras mes, alcanzando un 38 % en diciembre.
El fenómeno no ocurre en el vacío. La política migratoria impulsada por la administración del presidente Donald Trump ha endurecido los procesos de detención y limitado las opciones para quienes buscan defender su permanencia en territorio estadounidense. El incremento de operativos y la ampliación de la capacidad de detención han generado un entorno en el que muchos inmigrantes perciben pocas probabilidades de éxito ante un juez.
Las cifras actuales superan ampliamente precedentes históricos. En 2018, el porcentaje de detenidos que optó por la salida voluntaria fue de 21 %, mientras que en 1985 se situó en 19 %. El salto registrado en 2025 sugiere no solo un aumento numérico, sino un cambio en el cálculo que hacen los propios migrantes: enfrentar meses o años bajo custodia o aceptar una salida inmediata que, aunque dolorosa, evita una orden de expulsión formal que complique futuros intentos de ingreso legal.
Uno de los factores determinantes es el acceso a fianza. El estudio citado indica que apenas el 30 % de las solicitudes de fianza fueron aprobadas el año pasado, una caída notable frente al 59 % registrado en 2024. Sin posibilidad de esperar el proceso en libertad, muchos detenidos optan por cerrar el caso. Permanecer bajo custodia implica separación familiar, pérdida de empleo y condiciones que organizaciones civiles han cuestionado por presuntas negligencias médicas y hacinamiento.
La población detenida también alcanzó niveles sin precedentes. Para mediados de enero, alrededor de 73.000 personas estaban bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), de acuerdo con los reportes citados. Diversos informes de organizaciones como el American Immigration Council han advertido que el aumento en detenciones suele ir acompañado de demoras en audiencias y mayor presión sobre el sistema judicial migratorio, que arrastra un rezago de millones de casos pendientes.
La salida voluntaria, en teoría, ofrece ciertos beneficios evita una orden de deportación y puede reducir las barreras para solicitar visas en el futuro. Sin embargo, expertos migratorios señalan que muchas decisiones se toman en contextos de desinformación o bajo presión psicológica, sin asesoría legal adecuada. En comunidades con recursos limitados, la representación legal sigue siendo un privilegio más que una garantía.
El récord de 2025 deja una pregunta abierta ¿estamos ante una estrategia pragmática de supervivencia o ante el reflejo de un sistema que desalienta la defensa judicial? Lo que muestran los números es claro: cada vez más detenidos prefieren irse antes que apostar por un proceso que perciben cuesta arriba.
