El Gobierno de Nicaragua implementó este viernes una medida que exige visa a ciudadanos de 128 países, incluyendo Cuba, Venezuela, China, Irán y varias naciones africanas. La disposición afecta principalmente a pasaportes ordinarios y busca regular la entrada de extranjeros en medio de un contexto migratorio complejo.
Según EFE, la resolución fue firmada por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, y el director general de Migración y Extranjería, Juan Emilio Rivas. La medida establece la visa consultada categoría “C” y mantiene exentos a portadores de pasaportes diplomáticos, oficiales y especiales que estén amparados por acuerdos bilaterales.
La decisión llega tras años de tensiones con Estados Unidos, que ha señalado a Nicaragua por permitir el tránsito de migrantes hacia su frontera, especialmente desde África, Asia y América Latina. Vuelos chárter hacia Managua se convirtieron en rutas frecuentes para personas que posteriormente se dirigían a México y EE. UU., según informes de la administración estadounidense.
En los últimos cuatro años, Nicaragua había suscrito acuerdos de libre visado con Cuba y países africanos, facilitando temporalmente el tránsito de ciudadanos de esas regiones. Con la nueva regulación, se busca un control más estricto de la migración irregular y cumplir con compromisos internacionales de seguridad fronteriza.
Entre los países que ahora requieren visa figuran Afganistán, Irak, Libia, Siria, Corea del Norte, Colombia y México, además de China, Irán y Venezuela, con la salvedad de que para estos últimos solo aplica a portadores de pasaportes ordinarios. La lista completa incluye naciones de todos los continentes, reflejando un enfoque amplio de control migratorio.
El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene la responsabilidad de comunicar la medida a las representaciones consulares en Managua, asegurando que los procedimientos se apliquen de manera uniforme y que los viajeros reciban información clara sobre los nuevos requisitos.
Con esta medida, Nicaragua busca equilibrar su política migratoria con las exigencias internacionales, mientras mantiene excepciones para diplomáticos y acuerdos bilaterales existentes, ajustando su normativa a un contexto regional y global cada vez más vigilado.
