La selección de los próximos magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala ha generado críticas internacionales, poniendo en evidencia tensiones sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral en el país. La polémica gira en torno a la comisión que postuló a 20 candidatos para el período 2026-2032, la cual ha sido señalada por su cercanía con intereses cuestionables y antecedentes polémicos de algunos integrantes.
Tal como informa EFE, la comisión, compuesta mayormente por rectores de universidades privadas y la estatal Universidad de San Carlos, ha sido criticada por el Gobierno de Estados Unidos. John Barrett, encargado de Negocios en la embajada estadounidense en Guatemala, afirmó que las autoridades universitarias “priorizaron sus propios intereses por encima del bienestar del país”, y alertó sobre la inclusión de personas con vínculos con corrupción y crimen organizado. Entre ellos figura Lesther Castellanos, sancionado en 2023 por Estados Unidos por actos considerados antidemocráticos.
La nómina también incluye al rector Walter Mazariegos, de la Universidad de San Carlos, sancionado por corrupción y acusado de acceder a su cargo mediante irregularidades, y a Mynor Herrera, rector de la Universidad Panamericana, cuyo pasado como pastor religioso genera debate sobre su idoneidad para la comisión. Según expertos y medios locales, al menos cinco de los postulados tienen señalamientos previos de corrupción, lo que aumenta la preocupación sobre la transparencia del proceso.
La atención internacional y nacional se intensifica ante la proximidad de las elecciones de 2027, que definirán presidente, Congreso y alcaldías para el período 2028-2032. Organismos como la Organización de Estados Americanos y la ciudadanía guatemalteca mantienen un seguimiento cercano, recordando los incidentes de hace tres años, cuando candidatos presidenciales fueron excluidos sin justificación aparente, generando cuestionamientos sobre la imparcialidad de los actuales magistrados.
El proceso de designación final estará a cargo del Congreso en marzo, que deberá elegir cinco magistrados titulares y cinco suplentes de la lista entregada por la comisión. La decisión será clave para restaurar o seguir cuestionando la confianza en el sistema electoral guatemalteco, mientras la comunidad internacional observa de cerca cada paso del país centroamericano.
