Desde marzo de 2022, El Salvador vive un régimen de excepción que, según expertos en derechos humanos, ha dejado un saldo preocupante de abusos y detenciones arbitrarias. Lo que se presentó como una estrategia para reducir la criminalidad ha generado un clima de temor entre la población, donde ciudadanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil enfrentan ahora riesgos por parte del propio Estado.
Tal como informa EFE, un reciente informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos en el marco del Estado de Excepción (GIPES) concluye que existen bases razonables para considerar que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, conforme al artículo 7 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. El documento resalta la participación activa de mandos policiales y militares en políticas que afectan sistemáticamente los derechos fundamentales de los salvadoreños.
Entre los casos documentados destacan detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual, incluyendo a niñas, niños y adolescentes. Según la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), hasta agosto de 2025 se registraron 403 muertes bajo custodia estatal y, hasta febrero de 2025, 540 desapariciones forzadas. La experta Leonor Arteaga señaló que, aunque el país ha sido presentado como ejemplo de éxito en la reducción de la criminalidad, “muchos salvadoreños han dejado de temer a las pandillas para empezar a temer al propio Estado”.
El informe recomienda al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas establecer una misión internacional de determinación de hechos, con el objetivo de garantizar rendición de cuentas y justicia. Organizaciones como la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), InterJust, el Proyecto IMPACTUM y la Universidad Ghent respaldan estas conclusiones.
Este panorama evidencia un contraste marcado entre la narrativa oficial de seguridad y la experiencia real de la ciudadanía, donde las estrategias estatales generan impactos directos en los derechos humanos y la confianza en las instituciones.
