La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa volvió a poner sobre la mesa una preocupación que lleva tiempo cocinándose a fuego lento en el sector productivo: el impacto que tendría la aplicación inmediata de la Ley 225-20 de Residuos Sólidos sobre las MIPYMES del país. Su llamado no llega en el vacío, sino en un contexto económico marcado por tensiones internacionales, presiones inflacionarias y una economía local que todavía busca equilibrio tras varios choques recientes.
De acuerdo con el medio deultimominuto, la organización empresarial solicitó al Gobierno dominicano aplazar la entrada en vigor de la normativa y abrir un proceso de revisión profunda que permita corregir distorsiones que, a su juicio, afectarían directamente la competitividad del tejido productivo nacional. En ese planteamiento no solo hay una preocupación técnica, sino también una advertencia política y económica: aplicar la ley en su forma actual podría trasladar mayores costos al consumidor final.
El reclamo lo encabeza su presidente, Fernando Pinales, quien ha sido enfático al señalar que el esquema de aplicación introduce cargas acumulativas que terminan impactando los precios de bienes y servicios. Esa dinámica, advierte, chocaría con los esfuerzos del propio Gobierno por contener la inflación y estabilizar la economía. En otras palabras, se estaría empujando en direcciones opuestas al mismo tiempo, algo que en política pública suele traducirse en resultados poco efectivos.
Las MIPYMES, que representan más del 98 % del aparato empresarial dominicano, no están en contra de asumir responsabilidades ambientales. De hecho, el discurso del sector ha evolucionado en los últimos años hacia una mayor conciencia ecológica. Sin embargo, el punto de fricción aparece cuando las cargas regulatorias se perciben como desproporcionadas o diseñadas sin tomar en cuenta la realidad operativa de los pequeños y medianos negocios, que ya enfrentan limitaciones de capital, acceso a financiamiento y márgenes reducidos.
Uno de los aspectos más sensibles señalados por el sector empresarial tiene que ver con la estructura de gobernanza del sistema de residuos sólidos. La inclusión de actores vinculados directamente a la gestión dentro de los espacios donde se toman decisiones sobre tarifas y recaudación levanta interrogantes sobre posibles conflictos de interés. Este tipo de estructuras, cuando no se regulan con rigor, pueden generar distorsiones en la asignación de recursos y debilitar la confianza en las instituciones.
En ese escenario, también se ha señalado la intención de incrementar tarifas en más de una ocasión durante el año, lo que refuerza la percepción de que el sistema podría estar orientado hacia un modelo de recaudación que beneficia a un grupo reducido de actores. Este tipo de prácticas, si no se corrigen, tienden a concentrar el mercado y a excluir a los pequeños participantes, reduciendo la competencia y elevando los costos generales de la economía.
La discusión, sin embargo, no debería reducirse a un enfrentamiento entre sectores. Lo que está en juego es el modelo de desarrollo económico que se quiere construir en el país. Una política ambiental efectiva debe ser, al mismo tiempo, sostenible financieramente, justa en su aplicación y viable para quienes deben cumplirla. De lo contrario, corre el riesgo de convertirse en una carga más que en una solución.
CODOPYME ha planteado varias salidas concretas: aplazar la aplicación de la ley, revisar el marco regulatorio con participación activa del sector empresarial y rediseñar el esquema de gobernanza para eliminar conflictos de interés. A esto se suma la propuesta de establecer un modelo de tarifas escalonado, que tome en cuenta el tamaño y la capacidad económica de cada empresa, así como incentivos reales que fomenten prácticas sostenibles en lugar de penalizar la operación.
El fondo del reclamo apunta a un principio básico de política pública coherencia. Si el objetivo nacional es proteger el empleo, contener los precios y fortalecer la producción local, entonces las decisiones regulatorias deben alinearse con esa visión. Introducir costos adicionales en un momento de fragilidad económica podría tener efectos contrarios a los esperados.
Desde CODOPYME se mantiene una disposición abierta al diálogo, pero también una postura firme en defensa de las MIPYMES dominicanas. El mensaje es claro el país necesita avanzar hacia un modelo más sostenible, pero sin dejar atrás a quienes sostienen gran parte de la economía nacional.
