
El Ministerio Público dominicano mantiene su empeño en llevar ante la justicia a quienes se asocien con estructuras delictivas, sin importar la institución a la que pertenezcan. En un operativo conjunto, se documentó la presunta colaboración de cuatro policías en la fuga de un acusado de tráfico de drogas, acentuando las tensiones en torno a la integridad de agentes encargados de la seguridad ciudadana.
Según CDN, los fiscales han solicitado un año de prisión preventiva contra los cuatro uniformados implicados en la liberación de un individuo identificado como Daniel Abreu, quien había sido detenido con sustancias controladas y un arma de fuego. De acuerdo con datos recopilados por la Procuraduría General de la República, la posesión ilícita de narcóticos y armas conlleva penas considerables, lo que refuerza la gravedad de esta presunta conducta ilegal.
Investigaciones preliminares señalan que los agentes, entre ellos un segundo teniente y varios cabos, habrían facilitado la evasión luego de incautarse más de un kilo de supuestas drogas variadas, además de una cantidad significativa de dinero en efectivo. El Ministerio Público subraya la importancia de frenar la complicidad dentro de las entidades de seguridad, mientras organismos como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) han reportado un incremento en la incautación de cargamentos de cocaína en lo que va de año.
La Fiscalía de Jarabacoa, comandada por su titular y respaldada por la Policía Nacional, indicó que el caso ya fue declarado complejo. Existe un componente de flagrancia en la acción, sostienen las autoridades, al interceptar pistas de coordinación directa entre los involucrados. El expediente indica que el arresto de los policías sucedió el pasado 12 de abril, aunque las pesquisas abarcan todo el contexto previo que podría involucrar otros actores.
Se espera que la audiencia en el Juzgado de Atención Permanente de Jarabacoa se realice este 16 de abril a las 9:00 de la mañana. La Fiscalía ha reiterado su compromiso de someter a la justicia a cualquier miembro de los organismos de seguridad que transgreda la ley y ponga en entredicho la confianza ciudadana. Por ahora, el caso permanece bajo investigación, y las autoridades prometen difundir más detalles conforme avancen las diligencias judiciales.








