La madrugada de este martes 8 de julio, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) irrumpió en catorce viviendas y una oficina del Distrito Nacional y Santiago para tumbar una red que, a base de “mordidas”, se agenciaba contratos de vigilancia privada en organismos públicos. El despliegue movilizó 26 fiscales y 189 agentes de la Policía, y terminó con 14 arrestos en caliente.
De acuerdo con la Dirección General de Persecución, la estructura mantenía un flujo constante de dinero ilícito para sostener y renovar sus contratos. La investigación arrancó tras una denuncia de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental y, tras meses de rastrear transacciones y llamadas, derivó en los 15 allanamientos simultáneos que bautizaron la “Operación Lobo”.
Los tentáculos del entramado tocaron programas tan sensibles como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) y el Seguro Nacional de Salud (Senasa), además de las tres empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur, donde la red colocaba sus servicios de seguridad a cambio de pagos secretos y porcentajes fijos de cada contrato.
Este golpe recuerda los expedientes Coral y Coral 5G, donde un puñado de altos mandos militares lavó al menos RD$4,500 millones en activos públicos a través de contratos igualmente amañados. Aquel caso sigue ventilándose en los tribunales y sirvió de hoja de ruta para los fiscales que hoy desmenuzan la Operación Lobo.
La Pepca adelantó que durante las próximas horas depositará las solicitudes de coerción; se perfila prisión preventiva para los cabecillas y presentación periódica para los involucrados menores. Mientras tanto, el Ministerio Público baraja extender la pesquisa a otras instituciones donde esta “manada” podría haber olfateado oportunidades de negocio. Si el patrón se confirma, Operación Lobo no será la última cacería anticorrupción de 2025.
