Lo sacaron de una celda del ICE con las manos y los tobillos engrillados, lo subieron a un avión y lo dejaron en Kingston con la misma ropa que llevaba puesta. Jermaine Thomas, de 39 años, nació en un hospital militar estadounidense en Alemania, se crió en Florida y Texas y jamás había pisado Jamaica. Aun así, hace pocas semanas terminó durmiendo en un albergue de indigentes en la capital jamaiquina, sin documentos ni medicación para su trastorno esquizoafectivo.
Según reveló CNN, Thomas fue expulsado tras cumplir una pena de 30 días por allanamiento en Texas; los agentes lo catalogaron como “nacional jamaiquino” pese a que ninguna de las cuatro naciones ligadas a su historia Estados Unidos, Alemania, Jamaica y Kenia lo reconoce legalmente.
El vacío jurídico surgió porque las bases militares en el extranjero no cuentan como “territorio estadounidense” bajo la 14.ª Enmienda, criterio que la Corte Suprema dejó intacto en 2016. Para colmo, su padre soldado y ciudadano de EE. UU. no cumplía el requisito de presencia física de diez años en suelo estadounidense al momento del parto. Un tecnicismo de un año lo dejó fuera de la ciudadanía automática.
La historia de Thomas no es excepción aislada. A nivel mundial, UNHCR calcula 4,4 millones de personas apátridas, muchas de ellas atrapadas en ciclos de pobreza y persecución. En Estados Unidos, el número ronda las 218 000, de acuerdo con la investigación académica más completa hasta la fecha.
La conflagración migratoria se intensificó desde que la administración Trump retomó la Casa Blanca. Solo en el tercer trimestre del año fiscal 2024, el ICE ejecutó casi 68 000 deportaciones, un 69 % más que en el mismo periodo de 2023. Ese ritmo se siente en los retenes de “check-ins” regulares, donde abogados migratorios denuncian un aumento de detenciones inesperadas.
El caso resuena con fuerza en República Dominicana, donde la Sentencia 168-13 dejó hasta 133 000 dominicanos de ascendencia haitiana en un limbo similar sin acta, sin cédula y sin futuro formal dentro de su propio país. Aunque los contextos legales difieren, la consecuencia social quedarse sin patria ni derechos es idéntica.
Expertos en derecho migratorio advierten que Estados Unidos carece de un marco robusto para proteger a los apátridas. El Congreso tiene en sus manos propuestas que crearían un estatuto especial y un camino a la residencia, pero la polarización mantiene esas iniciativas en el congelador. Mientras tanto, casos como el de Thomas exponen la fragilidad de quienes crecen jurando lealtad a una bandera que, llegado el momento, les niega pertenencia.
Thomas lo resume con una frase amarga que podría escribirse en cualquier pasaporte inexistente “Solo quiero saber cuándo volveré a casa”.
