La mañana arrancó con cascos brillando y botas recién lustradas en medio de la carretera Mella, municipio de Guerra. Tras mes y medio de pausa obligatoria, los operarios de Power Plastic Group y Sonsoles Aceros volvieron a encender máquinas bajo la mirada atenta del ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, quien supervisó personalmente que las dos plantas corrigieran cada falta de seguridad señalada por sus inspectores.
Según una comunicación oficial del Ministerio, ambos centros cumplieron ya con el Código de Trabajo y el Reglamento 522-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo, lo que incluyó dotar a la plantilla de seguro social al día, botiquines surtidos, extintores convertidos en regla y un área de descanso que antes ni figuraba en los planos.
Olivares insistió en que la meta no es frenar la producción, sino desterrar el mito de que “los dominicanos no quieren trabajar”. Para él, la ecuación es sencilla: salarios decentes + jornadas dignas + protección real = mano de obra motivada. Ese mensaje cobra sentido si se mira el retrovisor en 2024 el país registró 49,694 accidentes de trabajo y 540 enfermedades profesionales, de acuerdo con cifras del Idoppril.
La presión oficial llega en un contexto regional complejo la OIT estima que América Latina y el Caribe sufren unas 170 000 muertes laborales al año, un recordatorio de que el papel aguanta todo hasta que la estadística se convierte en duelo. Por eso, la cartera laboral dominicana aplica ahora mano firme aún mantiene seis empresas paralizadas en Guerra y trece más en la avenida Duarte mientras se alinean con las normas.
El examen final dejó a la vista detalles que suelen pasarse por alto casilleros personales para evitar robos de herramientas, comedores ventilados y chalecos reflectivos obligatorios para los turnos nocturnos. Pequeños cambios que, sumados, reducen riesgos y refuerzan la reputación industrial de la zona.
¿El siguiente paso? Monitoreo continuo. Los inspectores visitarán de sorpresa durante los próximos tres meses; cualquier reincidencia implicará sanciones que van desde multas hasta la clausura temporal. Mientras tanto, los trabajadores entrevistados celebran la “mejoría palpable” y la oportunidad de convertirse en embajadores de buenas prácticas para el resto del corredor industrial de la provincia.
Con este reinicio, Guerra no solo recupera dos motores productivos; también estrena un estándar que, de mantenerse, podría convertirse en referencia para todo el país.
