Altos de Peguero, El Seibo. Casi a la carrera, decenas de vecinos cargan con lo poco que pueden mientras el reloj avanza: apenas les concedieron 15 días para abandonar las casas que levantaron con sus propias manos. La orden, aseguran, provino de particulares que se dicen dueños de los terrenos y que planean sacarlos sin mostrarles un solo título definitivo.
El ambiente es tenso. Madres con niños en brazos temen dormir a la intemperie; agricultores mayores ven peligrar los cultivos que les dan de comer. El padre Jhonny Espinal, párroco de la iglesia San Antonio de Padua en Sosúa, advirtió que la crisis no es exclusiva de El Seibo: en Cerro Alto (Puerto Plata) se repite el drama, lo que en sus palabras “desgarra el tejido moral del país”.
Las expulsiones chocan de frente con el artículo 59 de la Constitución dominicana, que reconoce el derecho a una vivienda digna. No es casual que comunidades como La Caleta marchen cada semana pidiendo al presidente Luis Abinader frenar los desalojos arbitrarios y abrir un camino legal a la titulación de tierras ocupadas por décadas.
El trasfondo social es contundente. Según la encuesta Enhogar 2024, el 48.9 % de las familias dominicanas no posee casa propia y 42.5 % vive alquilada; en zonas rurales apenas el 22.9 % goza de propiedad formal. Este déficit habitacional convierte cualquier amenaza de desalojo en una herida abierta simplemente no hay adónde ir.
A ello se suma la dimensión nacional del problema. La Red de Coordinación Urbano Popular calcula que más de 15 000 familias han sido víctimas de desalojos forzosos en los últimos años y reclama un decreto de “cero desalojos” hasta que exista un plan integral de vivienda y titulación.
En El Seibo el conflicto arrastra un historial espinoso. En 2020, Radio Seybo documentó presiones de Central Romana uno de los mayores conglomerados azucareros para sacar a los moradores y sembrar caña en los mismos predios. Los líderes comunitarios denunciaban entonces la ausencia de documentos legítimos por parte de la empresa y la participación de intermediarios privados.
¿Qué está realmente en juego?
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Seguridad jurídica: Sin un catálogo de propietarios o una revisión ágil en los tribunales de tierra prospera la ley del más fuerte.
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Impacto económico: Las familias perderían inversiones de décadas en cultivos y mejoras habitacionales, mientras el Estado asume el costo social de su reubicación.
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Estabilidad social: Con un déficit habitacional que roza la mitad de la población, cada desalojo masivo presiona aún más los cinturones de pobreza urbanos.
Voces de la sociedad civil proponen una salida doble: suspender temporalmente los desalojos no ordenados por sentencia firme y reactivar el programa de títulos provisionales para terrenos en litis. Así, se evita que los procesos judiciales que suelen tardar años condenen a la indigencia a quienes hoy no pueden acreditar su derecho, pero sí exhiben ocupación pacífica y productiva.
Al final, la pelota está en la cancha del Gobierno. Para los residentes de Altos de Peguero, cada día que pasa sin una respuesta clara significa acercarse un paso más a dormir bajo el relente. Y, como advierte el padre Espinal desde el norte, ignorar esta urgencia no solo golpea a quienes viven de la tierra: erosiona la confianza en un Estado que promete “vivir con dignidad” y debe demostrarlo donde la dignidad se juega con la casa al hombro.
