Una mujer haitiana embarazada terminó esposada camino a su cita prenatal y un adolescente dominicano de 17 años hijo de madre haitiana, pero con acta de nacimiento criolla fue montado en un camión de deportados porque no llevaba la cédula encima. Ambos relatos, compartidos por familiares y testigos, ilustran la tensión que se vive a las puertas del Centro de Retención Haina, donde confluyen el miedo a la expulsión y la queja de los residentes locales por tarifas “abusivas” para sacar motores retenidos.
La historia saltó a la opinión pública a través de un texto anónimo difundido en grupos comunitarios y redes sociales; al no contar con medio ni firma responsable, los activistas han asumido la tarea de verificar cada caso antes de elevarlo a las autoridades.
Un centro bajo la lupa
El Haina, principal recinto de detención migratoria del país, ha sido objeto de constantes observaciones por organismos internacionales: reportes del Global Detention Project citan denuncias de hacinamiento y falta de acceso a representación legal. Aun así, continúa operando como estación de paso para las miles de personas que la Dirección General de Migración (DGM) captura en redadas.
Cifras que no paran de subir
Desde octubre de 2024, el gobierno puso en marcha un plan para deportar 10 000 haitianos por semana; solo en las primeras tres semanas se expulsaron 28 000 y se registraron 9 000 “salidas voluntarias”. Los conteos independientes corroboran la escalada: más de 27 000 personas fueron devueltas entre octubre y noviembre, y las proyecciones del Ministerio de Interior apuntan a superar las 250 000 deportaciones en 2025.
Derechos humanos y salud materna
Organizaciones locales e internacionales, como el Global Justice Clinic, acusan a las autoridades de perfilar racialmente a dominicanos negros y a haitianos, generando detenciones arbitrarias y separaciones familiares. El problema se agrava con las gestantes el aumento de parturientas haitianas que huyen de la crisis sanitaria en su país ha derivado en casos de detención en plena labor de parto, según documentó Reuters en enero.
La futura madre detenida la semana pasada encarna ese doble filo: requería atención médica urgente, pero el proceso de verificación migratoria la dejó en una suerte de limbo dentro de Haina, con riesgo de ser deportada sin su esposo dominicano y dos niños.
El menor deportado por “andar sin papeles”
El otro caso que encendió las redes fue el de un muchacho nacido en Santiago, con acta dominicana, pero que no portaba documentos cuando lo detuvieron en un operativo de tránsito. La Constitución reconoce su nacionalidad, pero los protocolos de la DGM priorizan “evidencia física” y la verificación biométrica se hace dentro del centro, muchas veces cuando ya el bus cruza la frontera. La falta de un juez de deportaciones figura que juristas reclaman desde hace años dejaría situaciones como esta sin contrapeso, advierte un artículo de El Nuevo Diario publicado hace cuatro días.
La otra cara: multas y retenciones de motores
No solo los migrantes se quejan. En los barrios aledaños a Haina, comunitarios denuncian que retirar una motocicleta del depósito municipal cuesta hasta RD$ 8 000, muy por encima de los RD$ 1 500 que pagaban antes. El dato coincide con la tendencia nacional: un reportaje de Solis Informa calcula que las multas de tránsito impagas superan los RD$ 8 700 millones hasta mayo de 2025. Aunque el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte aprobó este año las resoluciones 05-2025 y 07-2025 que suben el “mínimo de depósito”, sectores empresariales y transportistas exigen revisar los montos resoluciones reseñadas por Diario Libre el 10 de julio de 2025.
Qué dicen las autoridades
La DGM defiende que los operativos cumplen la Ley 285-04 y que “nadie con estatus regular o nacionalidad dominicana es deportado”un argumento difícil de sostener cuando las mismas estadísticas oficiales admiten 31 200 expulsiones en enero, varias de menores de edad.
¿Hacia dónde caminar?
Expertos en migración sugieren:
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Instalar jueces de deportación en los centros de retención para evaluar cada caso en menos de 48 horas, evitando expulsiones de dominicanos y separaciones familiares.
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Documentación exprés: módulos móviles del Registro Civil y de Migración en los operativos, para verificar actas en línea y emitir constancias temporales.
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Transparencia tarifaria: publicar en línea las tasas oficiales por retención y depósito de vehículos, con recibo digital y mecanismo de apelación inmediata.
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Cooperación binacional: protocolos de repatriación seguros coordinados con organismos de salud, sobre todo para embarazadas y niños.
Mientras tanto, la mujer embarazada sigue esperando una audiencia que defina su futuro y el del bebé, y el padre del adolescente ya contrató un abogado para probar que su hijo nació en suelo dominicano. Ambos casos podrían convertirse en la prueba de fuego para un sistema migratorio que, según sus críticos, necesita más derechos que mano dura.
