Santo Domingo, RD. El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, tiene previsto decidir esta tarde si envía a prisión preventiva a los diez acusados entre militares activos, retirados y civiles señalados como miembros de la red que, según el Ministerio Público, cobró comisiones millonarias a empresas de seguridad para asegurarles contratos en entidades estatales.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción presentada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la red habría operado al menos desde 2012 manipulando licitaciones, agilizando pagos y repartiendo sobornos que superan los RD$100 millones. Entre las instituciones afectadas se mencionan el Inaipi, SeNaSa y las distribuidoras de electricidad, así como otras dependencias públicas relacionadas con la contratación de servicios de vigilancia privada.
El expediente, sustentado en más de 500 elementos probatorios, detalla que los sobornos se fijaban en un rango de 5 % a 10 % del valor de cada contrato, y que se maquillaban como “gastos administrativos” o “bonificaciones” dentro de las ofertas de las compañías de seguridad. En un solo periodo de facturación según cálculos de los fiscales la estructura pudo mover entre RD$362 millones y RD$724 millones mediante cuentas de terceros y pagos en efectivo.
Aunque la operación Lobo es la más reciente, no es un caso aislado. Desde 2021, el país ha visto destaparse tramas similares (Operaciones Coral, Medusa y 13) que siguen un mismo patrón uso de rangos militares para legitimar “servicios”, contratación directa sin controles y pagos adelantados sin fiscalización suficiente. El hecho de que la presente investigación abarque trece años revela, de nuevo, la dificultad del Estado para blindar los procesos de compras a pesar de la Ley 340-06 y sus reformas.
Los fiscales solicitan declaratoria de caso complejo y 18 meses de prisión preventiva para los imputados, alegando riesgo de fuga y posible obstrucción de pruebas. Entre ellos figuran exjefes de seguridad interna, oficiales de alto rango y empresarios ligados a compañías de vigilancia que, según la acusación, repartieron sobornos disfrazados de “asesorías” o “servicios adicionales”.
Implicaciones y próximos pasos
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Prevención versus reacción: El Ministerio Público insiste en robustecer los controles de compras públicas y la supervisión cruzada entre entidades. Pero expertos anticorrupción subrayan que, sin auditorías concurrentes y sanciones administrativas tempranas, mantener esquemas ilícitos durante más de una década seguirá siendo posible.
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Señal al mercado de seguridad privada: Empresas serias del sector advierten que la connivencia entre licitadores y funcionarios distorsiona los precios de mercado encareciendo hasta 15 % los servicios al Estado y reduce la competencia legítima.
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Responsabilidad de las instituciones contratantes: La investigación apunta a fallos en los comités de compras y en las unidades de control interno de las entidades públicas, que aceptaron propuestas con márgenes anómalos sin verificar desglose de costos.
El expediente ya provocó la suspensión administrativa de varios encargados de compras y el inicio de investigaciones paralelas en la Contraloría General de la República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. Si el juez acoge la solicitud de coerción y declara el proceso complejo, la PEPCA dispondrá de un plazo mayor para ampliar la pesquisa, sumar peritajes financieros y profundizar en la ruta del dinero.
Las lecciones de los últimos años son claras mientras las instituciones no apliquen criterios de debida diligencia auditorías en tiempo real, trazabilidad de pagos y controles anticorrupción vinculados a los sistemas de Tesorería y Contrataciones Públicas el riesgo de esquemas como el de la operación Lobo seguirá latente. Por ahora, la expectativa recae en la decisión del juez Sena y en la capacidad del Ministerio Público de documentar cada tramo del presunto circuito de sobornos.
