SANTO DOMINGO. Con el calendario congresual a punto de caducar el 26 de julio, un bloque amplio de diputados oficialistas y opositores se cuadró para respaldar la idea de prorrogar la actual legislatura y así sacar del freezer el largamente esperado Código Penal.
De acuerdo con los intercambios del 15 de julio en el hemiciclo, la disposición a alargar las sesiones se perfila como la única vía realista para votar la pieza antes del receso, aun cuando eso implique trabajar jornadas extras durante la canícula capitalina.
Un consenso forjado sobre la marcha
Desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), figuras como Altagracia de los Santos y Juan Medina recalcaron que “habrá Código” cueste lo que cueste, mientras su colega Carlos Sánchez añadió al paquete las reformas Laboral y de Contrataciones Públicas. En la acera contraria, la Fuerza del Pueblo a través de Félix Michell y Rafael Castillo acusó al Gobierno de “improvisar” pero, paradójicamente, también pidió añadir días a la legislatura porque “el país ya no puede esperar más”. Ese cruce, lejos de frenar el proyecto, terminó consolidando un inusual acuerdo táctico: todos están dispuestos a cerrar filas si el Senado estampa su segunda aprobación.
La presión del Ejecutivo
El presidente Luis Abinader subió la temperatura política al advertir que, si el 26 de julio llega sin humo blanco, convocará de inmediato una legislatura extraordinaria para evitar que la reforma penal se hunda otra vez en el archivo. La señal fue leída como ultimátum: ningún diputado quiere cargar con el costo de seguir postergando un código que ya suma casi dos décadas de idas y vueltas.
Qué trae la nueva pieza
El borrador que se ventila incorpora más de 70 tipos penales inéditos desde delitos ambientales hasta cibercrimen y sube la pena máxima de 30 a 40 años, un salto histórico que alinea la normativa con los estándares de la región sin embargo, mantiene la exclusión de las causales para la interrupción del embarazo, tema que incendió los debates previos y promete volver a escena en la Cámara Baja.
Trámite legislativo reloj en contra
El Senado ya aprobó el texto en primera lectura el 8 de julio y tiene pautada la segunda discusión esta misma semana. Si los senadores introducen cambios, la pelota regresará a los diputados, obligándolos a votar otra vez y, probablemente, a conciliar diferencias en comisión mixta. Con solo once días hábiles restantes, la extensión de la legislatura pasó de posibilidad remota a requisito operativo.
Riesgos de un debate “sancochado”
Algunos congresistas temen que, en el apuro, se apruebe un texto sin la debida depuración técnica. Juristas recuerdan que la versión anterior del Código devuelta por el Tribunal Constitucional en 2023 contenía vacíos que luego dispararon litigios y confusión en los tribunales. Esta vez, organizaciones de derechos humanos piden transparencia y un cronograma claro de deliberaciones públicas.
Lo que está en juego
Un Código Penal actualizado serviría de anclaje para las reformas procesales y carcelarias que el Gobierno promete lanzar en 2026. Si la legislatura se extiende, los diputados tendrán la oportunidad de blindar la pieza frente a posibles nuevas objeciones constitucionales. Si no se extiende, el país podría entrar en año preelectoral sin un marco penal renovado, escenario que los propios legisladores califican de “inaceptable”.
La pelota, pues, está en la cancha del Senado y del reloj.
