La madrugada del martes, agentes de la Policía Nacional apresaron en el sector Naranjo de Yaguate (San Cristóbal) a Óscar Eduardo Franco Alcántara, señalado por lanzar “ácido del diablo” al rostro de su expareja durante una discusión doméstica. El imputado, que se resistió con una escopeta artesanal calibre 12, terminó herido de bala en una pierna y bajo custodia en el Hospital Regional Juan Pablo Pina. Un policía resultó con fractura en la pierna derecha tras forcejear con el agresor.
Más allá del parte policial, el ataque revive una violencia enquistada. Aunque el Gobierno aseguró en febrero haber “erradicado” estas agresiones luego de endurecer controles químicos y sanciones penales una afirmación recibida con escepticismo por colectivos feministas los hechos demuestran que el peligro persiste.
Una plaga con rostro de mujer
Según datos recopilados por unidades de quemados, en 2021 el 14 % de los pacientes ingresados fueron víctimas de “ácido del diablo” y, de ellos, el 98 % eran mujeres, lo que confirma su uso como arma de violencia machista. Sentencias recientes de hasta 30 años de prisión, como la impuesta a Joana Gómez por un ataque similar, buscaban marcar un antes y un después, pero no han logrado frenar del todo la tendencia.
¿Prohibido o simplemente más caro?
La venta minorista de los químicos que componen la mezcla corrosiva está prohibida desde la resolución 104-10 de Pro Consumidor, reforzada en 2021 con un veto definitivo que dejó su comercialización limitada a técnicos e industrias certificadas. Sin embargo, la facilidad con la que Franco Alcántara obtuvo suficiente sustancia para desfigurar a su pareja apunta a un mercado negro que aprovecha lagunas de supervisión.
Castigos ejemplares, pero aplicación desigual
Tribunales dominicanos han calificado el ataque con agentes corrosivos como “acto de tortura o barbarie”, aplicando la pena máxima cuando hay pruebas de premeditación. El caso Yocairi Amarante (2020) terminó con tres condenas de 30 años, considerado un hito contra la impunidad. No obstante, ONGs denuncian que, fuera de la capital, muchos procesos se dilatan o terminan en acuerdos de menos de diez años.
Lo que deja el caso de Yaguate
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Armas caseras – La escopeta artesanal incautada muestra la convergencia entre violencia de pareja y fabricación rudimentaria de armas.
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Salud pública – La mezcla de ácido sulfúrico, clorhídrico y azúcar sigue circulando pese a los controles; los hospitales regionales carecen de unidades especializadas, forzando traslados a Santo Domingo.
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Prevención – Expertos piden un registro electrónico de compradores de sustancias corrosivas y patrullaje en ferreterías informales, medida aún pendiente en el reglamento.
A Franco Alcántara le aguarda un proceso por tentativa de homicidio, porte ilegal de arma y violencia de género. Su captura recuerda que, pese al optimismo oficial, la batalla contra el “ácido del diablo” dista de ganarse mientras haya acceso clandestino a los químicos y fallas en la protección de víctimas, cada nueva agresión seguirá desfigurando no solo rostros, sino la promesa de un país más seguro para sus mujeres.
