El Gobierno de Indonesia ordenó la suspensión temporal de la empresa PT Bahari Makmur Sejadi, dedicada a la producción de camarones congelados, luego de que autoridades estadounidenses detectaran posible contaminación radiactiva en uno de sus embarques. La medida busca prevenir riesgos de salud y proteger la reputación internacional del país asiático.
Según informó la agencia EFE, el ministro de Medio Ambiente, Hanif Faisol Nurofiq, encabezó una inspección en la planta ubicada a unos 80 kilómetros de Yakarta, donde dispuso detener las operaciones hasta tener los resultados definitivos de una auditoría ambiental. El funcionario explicó que no descartan evacuar al personal mientras se determina el origen del cesio-137 hallado en los productos.
La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA) recomendó esta semana no consumir los camarones de esa empresa, comercializados en 13 estados bajo la marca Great Value, distribuida por la cadena Walmart. El organismo alertó que el cesio-137, cuando se introduce en la cadena alimentaria o en fuentes de agua, puede incrementar el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer.
El caso generó preocupación en el sector exportador indonesio, que envió el año pasado más de 85.000 toneladas de camarones a Estados Unidos, con un valor cercano a 685 millones de dólares, según datos del gremio. La Asociación de Camaroneros de Indonesia defendió que la posible contaminación no proviene del cultivo, sino de factores externos fuera de control de la industria.
Los primeros cargamentos con presencia detectable de material radiactivo fueron interceptados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami, lo que reforzó la presión internacional sobre el gobierno indonesio para dar una respuesta rápida y transparente.
Expertos en seguridad alimentaria señalan que este caso podría tener un impacto considerable en la credibilidad de Indonesia como proveedor de productos pesqueros, en un mercado que exige cada vez más controles sanitarios rigurosos. Mientras tanto, las autoridades insisten en que la prioridad es garantizar la salud pública y la protección medioambiental, al tiempo que se investiga la fuente exacta de la radiación.
