El turismo internacional se encamina a cifras históricas en 2025, con más de 300 millones de viajeros cruzando fronteras solo en el primer semestre. Sin embargo, este auge trae consigo un desafío creciente: el impacto negativo de la masificación en los destinos más visitados.
Según la agencia EFE, varias ciudades han endurecido sus normativas para proteger su patrimonio, la convivencia y el medioambiente. En España, por ejemplo, Toledo limita los grupos turísticos a 30 personas en su casco histórico y prohíbe los megáfonos, con sanciones que alcanzan los 700 euros. Segovia protege su emblemático Acueducto con multas de hasta 3.000 euros para quienes lo dañen, mientras que en Baleares se debate un aumento del impuesto turístico y nuevas tasas para autocaravanas.
El fenómeno se repite más allá de España. En Italia, Capri ha prohibido el acoso comercial en sus calles y Venecia aplica sanciones de 200 euros por comer o beber en el suelo cerca de los canales. Portugal, con Albufeira a la cabeza, impone multas de hasta 4.000 euros por conductas indebidas en la vía pública, especialmente entre turistas extranjeros. En Nepal, incluso se plantea restringir los permisos de ascenso al Everest a escaladores con experiencia previa en montañas de más de 7.000 metros.
Las playas, uno de los espacios más afectados, también entran en la regulación. Marbella sanciona con hasta 1.500 euros a quienes orinen en el mar, mientras que en Galicia una infracción como cavar agujeros en la arena puede costar hasta 200.000 euros. En Baleares y Canarias, llevarse una simple concha como recuerdo puede salir por 3.000 euros. Incluso fumar en la arena está regulado en Cataluña, con multas de hasta 600 euros.
Pese a estas restricciones, la llegada masiva de turistas no da señales de detenerse. El reto para las autoridades locales será equilibrar la vitalidad económica que aporta el turismo con la protección de los espacios naturales y culturales, así como la calidad de vida de los residentes.
