El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió mantener en prisión preventiva a Emmanuel Rivera Ledesma, señalado como el principal cabecilla de la red de estafa inmobiliaria desmantelada mediante la Operación Nido. La medida se ratificó tras considerar que la defensa no presentó argumentos novedosos que justificaran su puesta en libertad. La lectura íntegra de la decisión fue pautada para el próximo 18 de septiembre.
Según reportó El Nuevo Diario, durante la audiencia las fiscales Magalys Sánchez y Yuderky Utate expusieron que Rivera Ledesma intentó entorpecer las investigaciones con maniobras dirigidas a disuadir a víctimas para que no interpusieran querellas o desistieran de las ya presentadas. Este elemento fue clave para que el tribunal entendiera que aún existe riesgo procesal.
La Operación Nido, puesta en marcha el 3 de enero de 2024, reveló un esquema de fraude a través de empresas como Indisarq S.R.L., Grupo Wimar S.R.L. y Auto Xperts AFM S.R.L., con las que se ofrecían proyectos habitacionales inexistentes. De acuerdo con las investigaciones, decenas de personas fueron engañadas bajo la promesa de obtener viviendas, mientras los acusados llevaban un estilo de vida ostentoso con el dinero captado.
El Ministerio Público sostiene que la permanencia en prisión preventiva es necesaria para garantizar la seguridad de las víctimas y la continuidad del proceso judicial. Expertos en derecho penal consultados señalan que, en casos de estafa masiva, la prisión preventiva suele ser ratificada cuando se demuestra riesgo de fuga o de manipulación de pruebas, como ocurrió en este expediente.
Este caso ha encendido nuevamente el debate sobre la necesidad de mayores controles en el sector inmobiliario dominicano. Aunque el país ha aprobado normativas que buscan regular las inversiones en proyectos habitacionales, especialistas consideran que aún hay vacíos legales que facilitan que estructuras fraudulentas logren operar con cierta facilidad.
La sociedad dominicana espera que este proceso sirva de precedente para robustecer la confianza en las inversiones inmobiliarias y enviar una señal clara de que las estafas de gran escala no quedarán impunes.
