La Academia de Ciencias de la República Dominicana advirtió sobre el riesgo legal y ambiental que implicaría reducir los límites del Monumento Natural Dunas de Las Calderas, una medida que ha sido planteada por el senador de Peravia, Julio Fulcar, con el propósito de regularizar ocupaciones dentro del área protegida.
Según publicó El Nuevo Diario, la institución recordó que este ecosistema fue declarado monumento natural en 1996 y que su permanencia está garantizada por la Constitución dominicana, la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas y la Ley 64-00 de Medio Ambiente. Cualquier reducción de sus límites, subrayó, constituiría una violación al marco jurídico que protege al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
La Academia también resaltó que en 2024 fue entregado un Plan de Manejo para las dunas, elaborado junto al Ministerio de Medio Ambiente, donde se plantea la recuperación de los terrenos ocupados ilegalmente, así como la búsqueda de soluciones habitacionales en la comunidad de Las Calderas para familias afectadas. El documento advierte contra el aprovechamiento de estas medidas por parte de redes vinculadas a la venta irregular de solares.
La entidad académica recordó que las ocupaciones ocurrieron después de 1996, es decir, posteriores a la declaratoria del área protegida, lo que hace que cualquier intento de legalizarlas siente un precedente peligroso para la conservación en el país. Además, puntualizó que la legislación vigente declara inalienables, imprescriptibles e inembargables las áreas protegidas, lo que convierte al Monumento Natural en un bien colectivo de la Nación.
Organismos ambientales internacionales han señalado que la pérdida de dunas costeras debilita la protección frente a tormentas y eleva el riesgo de erosión en comunidades costeras. En República Dominicana, especialistas advierten que retrocesos legales de este tipo afectarían los compromisos de conservación asumidos en convenios multilaterales, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica.
La Academia de Ciencias insistió en que el deber del Estado es recuperar los terrenos ocupados, evaluar posibles compensaciones humanitarias cuando proceda, pero nunca ceder a la presión de grupos que buscan validar una ocupación ilegal. Al mismo tiempo, reiteró que las Dunas de Las Calderas constituyen un patrimonio natural y cultural irremplazable, cuyo valor trasciende generaciones.
“Defender este monumento no es solo un tema ambiental, sino también de soberanía y de respeto a la ley”, concluyó la institución en su declaración.
