El Ejército de Nepal tomó el control de la seguridad nacional tras una serie de disturbios que han desbordado a las autoridades civiles, obligando a decretar un toque de queda extendido y dejando al país sumido en una profunda crisis. La ola de violencia, alimentada por protestas contra la corrupción y la prohibición gubernamental de redes sociales, ha generado saqueos, incendios y un colapso del sistema penitenciario, con más de 2.000 reclusos fugados en apenas dos días.
Según la agencia EFE, las fuerzas armadas se desplegaron en todo el territorio desde la noche del martes, patrullando las calles con altavoces para disuadir nuevas manifestaciones. Sin embargo, a pesar de la fuerte presencia militar, los saqueos y ataques a edificios públicos no han cesado, mientras decenas de ministerios y la propia Oficina del Primer Ministro quedaron envueltos en llamas.
La revuelta, iniciada por jóvenes en rechazo a la corrupción gubernamental, precipitó la renuncia del primer ministro K.P. Sharma Oli, aunque su salida no logró frenar el caos. El Parlamento fue asaltado e incendiado, al igual que la Corte Suprema, cuya destrucción obligó a suspender indefinidamente todas las audiencias judiciales.
La crisis se ha trasladado también a las cárceles del país. Testimonios recogidos por EFE confirman que en varios distritos la multitud ayudó a abrir las puertas de los recintos penitenciarios, permitiendo la huida masiva de presos. Solo en Kaski se liberaron más de 770 reclusos, mientras que en Kapilvastu y Gaur escaparon otros 660 en conjunto. En medio de los motines, al menos cinco personas murieron por disparos de la Policía en Banke.
El impacto sobre la infraestructura nacional es crítico: todos los aeropuertos permanecen cerrados por razones de seguridad, y el principal de Katmandú fue tomado por soldados luego de que manifestantes intentaran irrumpir en la zona restringida.
Este escenario refleja un vacío de poder que amenaza con prolongar la inestabilidad en Nepal, país que ya enfrentaba tensiones políticas y económicas profundas. La comunidad internacional observa con cautela los acontecimientos, en un momento en que la nación himalaya intenta evitar que la crisis derive en un conflicto de mayor escala.
