El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a frenar una iniciativa legislativa destinada a reforzar el presupuesto de las universidades públicas. Este miércoles vetó la ley aprobada en agosto por el Parlamento que disponía un incremento de fondos estatales y mejoras salariales para docentes y personal no docente del sistema de educación superior.
Según informó la agencia EFE, la decisión se formalizó a través de un decreto presidencial publicado en el Boletín Oficial. El mandatario argumentó que la norma presentaba “deficiencias legales” por no precisar las fuentes de financiamiento necesarias y que su aplicación generaría un “desequilibrio fiscal” incompatible con la política de ajuste que impulsa su gobierno.
La ley había sido promovida por la oposición en respuesta a la caída sostenida de la inversión universitaria. De acuerdo con un estudio del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) y la Federación de Docentes de las Universidades (Fedun), los recursos destinados a las casas de altos estudios nacionales se redujeron un 22,1 % en 2024 y se proyecta un retroceso adicional del 8,6 % en 2025, en términos reales. Actualmente, el gasto universitario equivale a apenas un 0,5 % del PIB, el nivel más bajo desde 2005.
En paralelo, los salarios del sector también muestran un deterioro significativo. El Ejecutivo dispuso un aumento escalonado del 7,5 % entre septiembre y noviembre, pero los sindicatos sostienen que no alcanza a cubrir la pérdida acumulada de casi 29 % desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023.
No es la primera vez que el mandatario utiliza la herramienta del veto contra normas relacionadas con la educación superior. Ya en 2024 había rechazado otra ley similar bajo el mismo argumento de proteger el superávit fiscal. Sin embargo, el escenario político ha cambiado: el Congreso revirtió recientemente un veto presidencial en materia de discapacidad y la coalición oficialista sufrió un revés electoral que debilita su capacidad de negociación parlamentaria.
El trasfondo de esta disputa toca un tema sensible para la sociedad argentina. Desde 1949, el acceso a la universidad pública es gratuito y actualmente casi dos millones de estudiantes están matriculados en instituciones estatales, frente a unos 500.000 en el sector privado. Muchas de las 57 universidades nacionales tienen además reconocimiento académico internacional, lo que explica el fuerte impacto que generan los recortes en su financiamiento.
