La Policía Federal de Brasil ejecutó este martes un amplio operativo contra una organización acusada de pagar sobornos para asegurar licencias ambientales falsas con las que explotaba mineral de hierro en el estado de Minas Gerais, en la región sureste del país.
Según informó la agencia EFE, en la operación participaron también la Contraloría, el Ministerio Público y el Fisco. El despliegue incluyó la búsqueda de 22 personas para prisión preventiva y registros en 79 direcciones, lo que refleja la magnitud de la trama.
Las autoridades estiman que el grupo habría acumulado beneficios de al menos 1.500 millones de reales (unos 280 millones de dólares), mientras que sus proyectos futuros podían superar los 18.000 millones de reales. La Justicia ordenó el embargo de activos por la misma cifra, la destitución de algunos funcionarios implicados y la suspensión de las actividades de varias empresas vinculadas.
De acuerdo con la investigación, la red sobornaba a empleados de organismos ambientales y de minería para obtener permisos fraudulentos. Estas autorizaciones les permitían operar en áreas protegidas o en zonas cercanas a reservas, lo que generó un alto riesgo de desastres sociales y ambientales. La Policía Federal destacó que los responsables incluso monitoreaban a las autoridades con el fin de entorpecer las investigaciones.
Además de los sobornos, los involucrados desarrollaron mecanismos de lavado de dinero para ocultar los beneficios ilícitos. Los sospechosos podrían enfrentar cargos por delitos ambientales, corrupción activa y pasiva, organización criminal, blanqueo de capitales, usurpación de bienes públicos y obstrucción de la justicia.
Este caso refleja un patrón que se repite en distintos puntos de Brasil, donde el peso económico de la minería choca con los esfuerzos por garantizar la protección ambiental. Minas Gerais, en particular, ha estado bajo la lupa internacional desde los desastres mineros de Mariana (2015) y Brumadinho (2019), que dejaron centenares de muertos y graves daños ecológicos. La actual investigación refuerza la alerta sobre los riesgos de la explotación irregular y la fragilidad institucional frente a intereses económicos de gran escala.
