El presidente Luis Abinader movió fichas claves en la estructura del Estado con la emisión del Decreto 84-26, una disposición que redefine responsabilidades en áreas sensibles para la educación superior y el control del gasto público. Las nuevas designaciones llegan en un momento en que el Gobierno busca afinar la eficiencia institucional y reforzar la credibilidad de la gestión pública.
Según información divulgada por la Presidencia, el decreto coloca a Rafael Evaristo Santos Badía al frente del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), mientras que Geraldo Espinosa Pérez asume la Contraloría General de la República. Ambas posiciones son consideradas neurálgicas dentro del engranaje estatal por su impacto directo en la formación académica, la investigación y la fiscalización de los recursos públicos.
Santos Badía llega al Mescyt con un perfil que combina experiencia académica, legislativa y sindical. Su paso por el Congreso Nacional en la década de los noventa, su participación en el Plan Decenal de Educación y su trayectoria en el Infotep le han permitido moverse con soltura entre el diseño de políticas públicas y la concertación social. Ese recorrido le plantea ahora el reto de fortalecer la calidad de la educación superior, ampliar la vinculación entre universidad, ciencia y sector productivo, y garantizar que la inversión en investigación genere resultados tangibles para el desarrollo nacional.
En la Contraloría, la designación de Geraldo Espinosa Pérez apunta a consolidar los sistemas de control interno del Estado. Con más de dos décadas en el sector público y formación especializada en finanzas, presupuesto y política fiscal, su gestión se perfila hacia el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión del gasto, en un contexto donde la transparencia sigue siendo una de las principales demandas ciudadanas.
El Decreto 84-26 también deja sin efecto disposiciones anteriores relacionadas con las funciones ahora reasignadas, un paso administrativo que busca evitar duplicidades y asegurar una línea clara de mando. Más allá de los nombres, las designaciones reflejan una apuesta del Ejecutivo por perfiles con trayectoria técnica y conocimiento del aparato estatal, en un escenario donde la eficiencia y la rendición de cuentas pesan cada vez más en la evaluación pública del Gobierno.
