La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) depositó este lunes una denuncia-querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra el exministro de Educación, Ángel Enrique Hernández Castillo, a quien acusa de violar la Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio (311-14) y la Ley contra el Lavado de Activos (155-17).
De acuerdo con la organización, el exfuncionario habría omitido en su declaración jurada la existencia de la empresa Constructora Playa Morón, registrada en marzo de 2022, apenas meses antes de su designación como ministro. La compañía fue constituida por su esposa, Miriam de Jesús Acosta Peralta, y su hija, Alejandrina María Hernández Acosta.
ADOCCO asegura que un mes después de la llegada de Hernández al cargo, la empresa adquirió un terreno superior a los 7,800 metros cuadrados en Las Terrenas, Samaná, por un monto de RD$31 millones, cuando el valor de propiedades similares en la zona supera los US$4 millones. La transacción, que según la denuncia no registra gravámenes, genera dudas sobre su financiamiento, ya que los ingresos declarados por la familia Hernández no justificarían una operación de esa magnitud.
La organización sostiene que la omisión de este bien en la declaración patrimonial constituye una infracción a la Ley 311-14, mientras que la forma de pago de la transacción podría configurar una violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
Ante estas irregularidades, ADOCCO pidió al Ministerio Público abrir una investigación penal, identificar a posibles relacionados con las operaciones señaladas y reunir pruebas suficientes para una eventual acusación.
El caso se suma a una serie de expedientes en los que la sociedad civil ha demandado mayor rigor en la vigilancia del patrimonio de los funcionarios públicos, un tema que en los últimos años ha generado intensos debates en torno a la transparencia y la rendición de cuentas en la administración estatal.
