La posibilidad de prohibir las redes sociales a menores de edad dejó de ser un murmullo político en Alemania para convertirse en tema central del debate público. El propio canciller alemán, Friedrich Merz, abrió la puerta a una regulación más estricta al reconocer que el impacto de estas plataformas en adolescentes ya no puede ignorarse.
Según informó AFP, el líder conservador expresó en un pódcast su respaldo a establecer límites de edad para el acceso a aplicaciones como Facebook, TikTok e Instagram. Aunque se mostró tradicionalmente prudente frente a las prohibiciones, admitió que los efectos en la conducta juvenil lo obligan a replantear esa postura.
Merz, dirigente de la Unión Demócrata Cristiana (CDU), apuntó directamente a un fenómeno que preocupa a padres, docentes y psicólogos: adolescentes de 14 años que pasan hasta cinco horas diarias frente a una pantalla, construyendo su identidad y sus relaciones exclusivamente en entornos digitales. Para el canciller, no resulta extraño que aumenten los trastornos de personalidad o las dificultades de socialización cuando el contacto humano queda desplazado por la interacción virtual.
El tema será eje de discusión en el congreso federal del partido que se celebrará en Stuttgart. Allí se barajan varias fórmulas: desde fijar una edad mínima obligatoria hasta implementar sistemas de verificación con autorización parental o, incluso, una prohibición más contundente.
Alemania no camina sola en esta discusión. En Australia ya se adoptó una de las normativas más severas dentro de una democracia occidental, obligando a las plataformas a garantizar que los usuarios tengan al menos 16 años y eliminando cuentas que no cumplan el requisito. En Francia, la Asamblea Nacional dio luz verde a una propuesta que fija el umbral en 15 años, pendiente todavía de revisión en el Senado de Francia.
El movimiento también se extiende por el sur y el norte de Europa. España, Portugal y Dinamarca han puesto sobre la mesa iniciativas similares, reflejo de una inquietud continental: cómo proteger a los menores sin vulnerar libertades digitales ni trasladar a las familias una carga imposible de supervisar.
El debate, en el fondo, trasciende la tecnología. Se trata de definir qué tipo de socialización se quiere para la próxima generación y qué responsabilidades deben asumir las grandes plataformas. Mientras los gigantes digitales defienden mecanismos de control interno y educación mediática, los gobiernos exploran caminos regulatorios cada vez más firmes.
Alemania, con el peso político que tiene dentro de la Unión Europea, podría inclinar la balanza hacia un marco común más restrictivo. Lo que hoy es una propuesta partidaria podría transformarse en norma regional si logra consenso. Y eso, sin duda, marcaría un antes y un después en la relación entre juventud y pantallas en el continente.
