El vuelo que traía de regreso al presidente Gustavo Petro desde Sevilla, España, el 3 de julio tuvo que cambiar de ruta en pleno Caribe y aterrizar en Pereira, porque los equipos de inteligencia detectaron que la aeronave estaba siendo rastreada y existía el riesgo de un ataque durante la aproximación a Bogotá. Allí mismo, de madrugada, el mandatario retomó agenda mientras su comitiva verificaba que no hubiese peligros adicionales.
Según la agencia EFE, la alerta se originó en las islas Canarias y activó un protocolo que, de acuerdo con el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, “garantiza la vida del comandante en jefe, que siempre será un objetivo militar”. El funcionario añadió que se reforzaron los anillos de seguridad en la Casa de Nariño y cada desplazamiento presidencial ahora cuenta con aeronaves de la Fuerza Aeroespacial, grupos de reacción inmediata y patrullaje electrónico.
Fuentes castrenses explican que el “rastro” sobre el Boeing 737 presidencial se pareció al que suele preceder intentos de disparo de misiles portátiles. Por eso la orden fue alejarse del corredor aéreo habitual y optar por el aeropuerto Matecaña, donde operan brigadas especializadas en desactivación de explosivos.
La decisión se toma en un contexto de violencia política que recuerda los años duros del narcoterrorismo hace apenas un mes, el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay recibió varios disparos durante un acto de campaña en Bogotá y aún se recupera de las heridas. Organismos de derechos humanos advirtieron que el atentado “golpea la democracia” y refleja el deterioro de la seguridad en los comicios de 2026.
Petro también ha denunciado, desde febrero, que narcotraficantes y disidentes armados buscan derribarlo con misiles para frenar las operaciones contra sus finanzas ilegales. La DEA le habría confirmado la existencia de un plan con explosivos antes de que finalice 2024, versión que el presidente repite como prueba de que las mafias “temen perder el control del negocio”.
Analistas civiles apuntan que, aunque la Fuerza Pública duplicó escoltas y tecnología, las dificultades para sellar acuerdos de paz parcial con el ELN y las ex-FARC aumentan la vulnerabilidad del Ejecutivo. A esto se suma la disputa de carteles extranjeros por rutas de cocaína hacia Centroamérica, lo que eleva la presión sobre un aparato estatal que aún no retoma el monopolio de la fuerza en varias regiones.
Mientras tanto, la Casa Militar revisa los itinerarios del mandatario con lupa cada salida internacional ahora incluye escalas técnicas en aeropuertos con presencia militar y corredores aéreos alternos listos para usarse si los sistemas de inteligencia registran señales anómalas. El ministro Sánchez insiste en que “la seguridad del presidente está blindada”, pero la pregunta que flota en la opinión pública es cuántas alertas más deberán sortear antes de que Colombia deje de sentir que su jefe de Estado vive entre líneas rojas.
