La tensión política en Argentina escaló esta semana a un nivel inusual luego de que el Gobierno decidiera llevar ante la Justicia Federal una denuncia por terrorismo tras los disturbios ocurridos frente al Congreso durante una protesta contra la reforma laboral. Lo que comenzó como una movilización sindical terminó en enfrentamientos violentos, detenciones masivas y un nuevo capítulo de confrontación entre la administración de Javier Milei y sectores gremiales.
Según informó EFE, el Ministerio de Seguridad Nacional presentó la acusación bajo la Ley Antiterrorista, una figura que contempla penas más severas cuando se considera que los hechos buscan sembrar terror o condicionar decisiones de las autoridades. La calificación no es menor: habilita una investigación federal amplia y limita beneficios procesales que sí aplican en delitos comunes como daños o resistencia a la autoridad.
En el documento judicial, el representante legal del Ministerio sostiene que el accionar de los manifestantes tuvo como finalidad “generar un escenario de terror” y afectar el funcionamiento del Congreso. Además de la figura de terrorismo, la presentación menciona delitos como atentado al orden constitucional, lesiones graves y daños agravados.
El episodio dejó al menos 71 detenidos y una docena de agentes de seguridad heridos, de acuerdo con cifras oficiales. Las imágenes que circularon muestran escenas de fuerte confrontación en la Plaza del Congreso, en pleno centro de Buenos Aires, donde columnas policiales avanzaron para dispersar a los manifestantes mientras algunos eran retirados por la fuerza.
La controversia no se limita a la violencia en sí. La denuncia fue presentada inicialmente sin identificación formal de supuestos organizadores ni pruebas concluyentes, aunque el Ministerio aseguró que se encuentra en proceso de análisis para incorporar elementos durante la instrucción. Esa decisión abre un debate jurídico y político delicado: ¿hasta qué punto una protesta con disturbios puede encuadrarse en terrorismo?
En América Latina, la utilización de leyes antiterroristas en contextos de conflictividad social ha sido motivo de discusión en países como Chile y Colombia, donde organismos de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de ampliar de forma excesiva esa figura penal. En Argentina, especialistas en derecho constitucional han señalado en otras ocasiones que la clave estará en demostrar la intención concreta de desestabilizar el sistema democrático, un estándar probatorio elevado.
Mientras tanto, el trasfondo legislativo avanza. Horas después de los enfrentamientos, el Senado aprobó la Ley de Modernización Laboral, pieza central del programa de reformas del Ejecutivo, que ahora deberá ser tratada en la Cámara de Diputados. El Gobierno aspira a que esté lista antes del 1 de marzo, como parte de su estrategia para flexibilizar el mercado de trabajo y atraer inversiones.
La decisión de judicializar los hechos bajo la etiqueta de terrorismo envía un mensaje político contundente la administración Milei no está dispuesta a tolerar episodios de violencia en el marco de protestas. Queda por verse cómo responderán los tribunales y qué impacto tendrá este proceso en un país donde la movilización callejera ha sido históricamente una herramienta de presión social.
