Las armas de reglamento de los once agentes policiales involucrados en el quíntuple homicidio ocurrido el pasado 10 de septiembre en el sector La Barranquita, en Santiago, se han convertido en el centro de la investigación que encabeza el Ministerio Público. Cada pieza de fuego, ahora bajo análisis pericial, podría ofrecer respuestas decisivas sobre lo que realmente ocurrió aquella noche trágica.
De acuerdo con documentos judiciales, el pasado 23 de septiembre el Director Central de Investigación (Dicrim) remitió al Director General de la Policía Nacional un informe que confirma la entrega formal de las armas de servicio de los agentes implicados. El material fue enviado para su examen técnico en los laboratorios balísticos oficiales, con el propósito de determinar si alguno de esos armamentos fue disparado durante el hecho que cobró cinco vidas.
Entre el arsenal entregado figuran un fusil Colt’s M-16 A1 calibre 5.56 milímetros y una pistola Glock 9 mm, ambos asignados al mayor Álvaro Paredes Paniagua. También se incluyen varias pistolas Glock pertenecientes a otros oficiales y suboficiales, así como pistolas Taurus y una Sig Sauer 9 mm vinculadas a distintos rangos policiales. Dos agentes, según el expediente, no tenían armas asignadas, mientras que la pistola de un cabo permanecía retenida en la jurisdicción penal de Santo Domingo Este desde el año 2023.
Fuentes cercanas al proceso explican que las pruebas de balística buscan establecer coincidencias entre los proyectiles recuperados en la escena y las armas incautadas. Los resultados podrían definir con precisión qué agentes efectuaron disparos y bajo qué circunstancias, un punto crucial para la responsabilidad penal de cada uno.
El caso ha generado amplio debate público en Santiago, no solo por la magnitud del crimen, sino también por la participación de miembros activos de la Policía Nacional. Organizaciones de derechos humanos han solicitado una investigación transparente y sanciones ejemplares si se comprueba uso excesivo de la fuerza.
Por su parte, el Ministerio Público mantiene bajo reserva los avances del proceso, aunque adelantó que se apoyará en evidencia científica y testigos presenciales para sustentar las acusaciones. La expectativa social es alta: la ciudadanía espera que este caso marque un precedente contra la impunidad en las filas policiales y refuerce la confianza en las instituciones de justicia del país.
